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ANÁLISIS DE LEGALIDAD Y DEFENSA VS LOS REQUERIMIENTOS FISCALES A LOS RIF´S

 

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FOTO LRDG 2 Por: LD y MDF Luis Raúl Díaz González

                En estos días, la autoridad tributaria coordinada (del Distrito Federal o de las entidades federativas), con base en los recientes cambios a los Convenios de Coordinación Fiscal, les está mandando a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, un requerimiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación; bajo la amenaza de imponerles multas, por no haber declarado el sexto bimestre del año 2014; por su trascendencia y notoria ilegalidad, haremos las siguientes anotaciones:

requerimientos RIF

               Primera.- En un requerimiento emitido por la autoridad tributaria del Distrito Federal, esta usa como fundamento de manera indebida, los artículos 6 y 7, fracciones I,II,III y VI, último párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal, cuando se trata de un asunto relativo a contribuciones federales, lo que vulnera el Principio de debida fundamentación de los actos administrativos.

Hay que resaltar, que la materia tributaria federal, no se puede combinar con la local, en atención de que sus reglas y competencia material son distintos, lo que conlleva la ilegalidad del requerimiento y su consecuente sanción pecuniaria.

            Debemos considerar esta Tesis:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Clave: I.6o.C. , Núm.: 82 K

Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo.

            Segunda.- El requerimiento es ilegal, dado que puede verse en el recuadro correspondiente a la obligación supuestamente omitida, se cita la Regla 1.2.9.3. de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2014; norma administrativa que no puede ir más allá de la ley fiscal, ni sustituirla, ni contradecirla, de conformidad con los Principios de Reserva de Ley y de Subordinación Jerárquica.

JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-SS-60

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PRINCIPIOS DE RESERVA Y PRIMACÍA DE LA LEY. LAS REGLAS DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES ESTÁN SUJETAS A ÉSTOS.- Las resoluciones administrativas de carácter general  que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, están sujetas a los principios de reserva y primacía de ley, en la medida en que reflejan la voluntad de la administración pública en ejercicio de sus potestades, con efectos generales. El principio de reserva de la ley determina que las Resoluciones Misceláneas Fiscales no puede regular materias que deben ser normadas en las leyes; mientras que el principio de primacía de la ley, consiste en que la miscelánea fiscal debe estar precedida por un ordenamiento legal en el que encuentra su justificación y medida, toda vez que su función se limita a detallar y precisar la regulación correspondiente, y no a corregir disposiciones y procedimientos legales.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/49/2012)

PRECEDENTES:

VII-P-SS-15

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19228/07-17-03-4/437/11-PL- 10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2011, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

(Tesis aprobada en sesión de 12 de octubre de 2011)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 4. Noviembre 2011. p. 110

VII-P-SS-41

Recurso de Reclamación No. 7120/10-11-01-1/1136/11-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de marzo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2012)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 98

VII-P-SS-48

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28169/08-17-08-5/286/10-PL-04- 04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de mayo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario:  Lic. Javier Armando Abreu Cruz.

(Tesis aprobada en sesión de 9 de mayo de 2012)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 59

            Tercera.- La autoridad fiscal coordinada confunde la facultad que se encuentra ejerciendo, con una facultad de comprobación, dado que se lee en su ilegal requerimiento que se encuentra dictado “bajo apercibimiento” de multa; cuestión que denota el ejercicio de una medida de apremio; recordando que apremiar a una persona, es presionarla o amenazarla con una consecuencia punitiva; potestad que no previene el citado artículo 41 del Código Tributario Federal, mismo que al efecto indica:

“Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

 I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.

 II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente”.

            Como se aprecia, la autoridad emisora del oficio impugnado, amenaza con sancionar al suscrito, pero sin soporte legal, ya que como se expresó con anterioridad, el numeral 41 del Código multimencionado, no permite apremiar o advertir a los gobernados, ya que esa potestad es privativa de los actos de comprobación.

            Debemos recordar que un apercibimiento implica un acto de molestia, y que dicha actuación debe estar soportada en ley, lo que en este caso no acontece en detrimento de mis intereses.

Apercibimiento:

           

  1. Acción de apercibir o apercibirse.
  2. Advertencia de una próxima sanción en caso de persistir en un error o falta.

The free dictionary.

            Es plenamente aplicable esta opinión judicial:

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL.- El requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 Constitucional, al tener el rango de una garantía individual implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría que éstas sean, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución, de manera que sus actos no aparezcan emitidos arbitrariamente”.

Amparo en revisión 1377/1966. Salinas Mina de oro, S.A.  Septiembre 26 de 1966 por unanimidad de 5 votos.

2a. Sala.- Boletín 1960, pág. 474

Violación al artículo 16 Constitucional, por no demostrar la legalidad de actos arbitrarios.  Vol. ADMINISTRATIVA, TESIS 360, Pág. 126

            Cuarta.- La autoridad local coordinada, pretende ejercer una facultad de comprobación, que no tiene sustento alguno en el numeral 41 del CFF, dado que el citado precepto consagra una facultad de gestión; misma que no le permite desarrollar requerimientos a diestra y siniestra y menos determinar créditos fiscales; ni imponer sanciones patrimoniales por un supuesto incumplimiento, tal y como lo reconoce la Suprema Corte en esta Tesis:

TESIS AISLADA CIII/2012 (10ª).

FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. SUS DIFERENCIASDesde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal está facultada constitucionalmente en el artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo ordenamiento supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Ahora, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, la prevista en el numeral 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2010, por medio de la cual la autoridad fiscal requiere a los contribuyentes la presentación de los documentos por los cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en caso de no hacerlo, procederá a imponer la multa correspondiente con el objeto de controlar y vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones. En cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se encuentran previstas en el numeral 42 del código tributario invocado, y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las citadas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir.

Amparo directo en revisión 251/2012. **********. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 686/2012. **********. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Para mayor comprensión, anotamos la cláusula décimo quinta del Convenio de Coordinación Fiscal signado con el Distrito Federal, mismo que nunca cita al artículo 42 del Código Fiscal Federal, que regula el ejercicio de las facultades de comprobación y por ende ejercer potestades similares, sin soporte jurídico adecuado es ilegal, veamos:

“DÉCIMA QUINTA.- La entidad ejercerá las facultades que establecen los artículos 41, 41-A y 41-B del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se estará a lo siguiente:

I. La entidad requerirá a los contribuyentes la presentación de la declaración o documento respectivos, así como la solicitud de información adicional a la asentada en las declaraciones y avisos de compensación en materia de:

a). Impuesto sobre la renta propio o retenido.

b). Impuesto al valor agregado.

c). Impuesto especial sobre producción y servicios.

II. La Secretaría proporcionará a la entidad los datos de los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones en los plazos señalados por las disposiciones fiscales a efecto de que la entidad exija su cumplimiento.

III. La entidad ejercerá las siguientes facultades:

a). Emitir requerimientos a través de los cuales exija la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago de los impuestos omitidos, su actualización y accesorios, incluso a través de medios electrónicos.

b). Notificar los requerimientos y demás resoluciones que se emitan conforme a esta cláusula, incluso a través de medios electrónicos o de los terceros habilitados por la propia entidad para tales efectos.

c). Imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación, así como por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados para los mismos, incluso a través de medios electrónicos.

d). Hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate, cuando haya hecho caso omiso a los tres requerimientos de la misma contribución y periodo.

e). Hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la que a éste corresponda determinar, cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota.

f). Embargar precautoriamente bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda el requerimiento de la autoridad.

g). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos fiscales y sus accesorios, que se generen con motivo de los actos a que se refieren los incisos c), d) y f) de esta fracción.

En los casos en los que el crédito fiscal esté siendo exigido mediante el procedimiento administrativo de ejecución y el contribuyente cambie su domicilio, la entidad lo trasladará a la entidad que sea competente en virtud del nuevo domicilio, quien continuará con el ejercicio de las facultades iniciadas hasta su conclusión.

La Secretaría podrá sustituir a la entidad, en cualquier momento, en el ejercicio de las facultades referidas en el párrafo anterior.

IV. En materia de autorizaciones, la entidad ejercerá la facultad de resolver sobre la solicitud de devolución y verificará la procedencia de las compensaciones efectuadas por los contribuyentes, tratándose de las multas que le hubieran sido pagadas y que por resolución administrativa hubieran sido revocadas o quedado sin efectos y, en su caso, la facultad de efectuar el pago correspondiente.

V. La entidad podrá solicitar los datos, informes o documentos a que se refiere el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación y podrá verificar los datos proporcionados al Registro Federal de Contribuyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 41-B del referido Código.

VI. La entidad proporcionará a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que se emita al respecto, la información sobre los resultados que obtenga con motivo de su actuación”.

          Quinta.- La autoridad local coordinada cita en su ilegal requerimiento, al artículo 69 del CFF, dispositivo que nada tiene que ver con la supuesta obligación omitida, y que además contiene varias fracciones que fijan supuestos diferentes entre si, lo que conlleva la indebida fundamentación de ese documento

            Hay que destacar, que el artículo 16 constitucional y el numeral 38 del C.F.F., exigen a las autoridades tributarias el fundar de manera precisa, adecuada y suficiente sus resoluciones, lo que no ocurre con estos documentos, puesto que no es legal el citar dispositivos legales inadecuados y por ello inaplicables.

               Sexta.- Respecto de las multas, estas se podrán combatir por vicios propios, pues al ser fruto de un acto viciado, dichas sanciones económicas, están viciadas.

Hay que ponderar esta Tesis:

7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 121-126, Sexta Parte; Pág. 280

 ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

           Séptima.- En caso de existir sanciones varias, debemos recordar que solo puede imponerse la mayor, beneficio que tendrá que hacerse valer, si la autoridad fiscal insiste en aplicar varias multas.

Debemos ver esta Jurisprudencia:

Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Octubre de 2004
Página: 376
Tesis: 2a./J. 152/2004
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

MULTA DERIVADA DE INFRACCIONES, POR UNA SOLA CONDUCTA, A DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, DEBE IMPONERSE SÓLO LA MAYOR, AUN CUANDO LAS INFRACCIONES DIMANEN DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES. Conforme al citado precepto las autoridades hacendarias, al imponer multas por la comisión de infracciones fiscales, deben fundar y motivar sus determinaciones sin soslayar las reglas que al respecto prevé el propio numeral en sus diversas fracciones, entre ellas, la contenida en el primer párrafo de la fracción V, consistente en que cuando por un acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la multa mayor, aunque las infracciones dimanen de disposiciones contenidas en distintos ordenamientos legales, pues en la disposición mencionada se recoge el principio de consunción, por el que se aplica solamente la sanción más grave, lo que tiende a evitar excesos en la represión, cuya base primaria se encuentra en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el infractor no debe ser sancionado dos o más veces por la misma conducta (acción u omisión).

Contradicción de tesis 35/2004-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1o. de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 152/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de octubre de dos mil cuatro.

En espera de que estos comentarios le sean de utilidad, aprovechamos para desearle un feliz año 2016.

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