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ASPECTOS LEGALES DE LA POSTURA DEL SAT CON RESPECTO AL USO DE DOMICILIOS VIRTUALES POR LOS CONTRIBUYENTES

Publicado el 28 May a las 13:51h 

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LRDG GM Colaboración de: LD y MDF Luis Raúl Diaz González

 

La modernidad y los avances tecnológicos, siempre irán delante de las normas jurídicas, eso es un hecho irrefutable.

La existencia de computadoras, las redes y demás avances cibernéticos, permiten estar comunicados desde cualquier parte del mundo y hasta con la estación espacial internacional; razón por la cual es factible realizar negocios, prestar servicios y comerciar con bienes tangibles e intangibles, sin necesidad de estar en un lugar fijo que reúna determinadas características, tales actividad electronica como mobiliario, equipo, maquinaria etc..

Del mismo modo, la digitalización de operaciones, permiten hasta la sustitución de personal, por robots, programas y sofisticados sistemas electrónicos y ello abate costos y cargas administrativas demasiado onerosas, ya que un robot no necesita seguridad social, ni vivienda, ni descanso semanal o vacaciones, ni se pondrá en huelga o enfermará.

Suena cruel pero es el precio de la modernidad, ya que es natural para un empresario el tratar de abatir costos, para incrementar sus ganancias y hacerlo es completamente legal.

Así llegamos a figuras como el teletrabajo, el comercio electrónico y las comunicaciones digitales, siendo las últimas utilizadas por las autoridades administrativas y judiciales, veamos:

1.- Buzón tributario, mediante el cual se pueden notificar resoluciones fiscales y presentar promociones y documentos por medios electrónicos, sin necesidad de presentarse físicamente en un lugar determinado.

2.- Justicia en línea, con el que se puede presentar una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y realizar todas las diligencias procesales por esta vía.

3.- Juicio de Amparo por medios digitales, ante los miembros del Poder Judicial de la Federación.

4.- Consultar y realizar trámites ante la Administración Pública Federal.

En muchos trámites se exige el señalamiento de un correo electrónico para el efecto de poder ser notificado un particular.

Debemos ver lo dispuesto por el Código Tributario Federal:

“Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso.

Las promociones deberán enviarse a través del buzón tributario y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: 

I. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en dicho registro.

II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.

III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico.

Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para recibirlas.

Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y éstos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un documento digital.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma respectiva.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el artículo 31 de este Código. Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso”.

            En España se marca:

“Además del domicilio fiscal, las normas tributarias exigen a los sujetos que desarrollen actividades económicas declarar los siguientes datos adicionales de localización:

a) El lugar donde tengan efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios en territorio español, cuando sea distinto del domicilio fiscal, para las personas físicas empresarios y profesionales residentes.

b) El domicilio social, si existe y es distinto del fiscal, para personas jurídicas o entidades residentes en territorio español.

c) Se deberá consignar la referencia catastral asignada a los distintos domicilios, el número de teléfono, y, en su caso, la dirección del correo electrónico y el nombre de dominio o dirección en Internet, mediante el cual desarrolle, parcial o totalmente sus actividades”. Fuente: Agencia Tributaria.

Proximamente tendremos sociedades unipersonales, denominadas Sociedad por Acciones Simplificada, en las cuales el socio siempre será su administrador; y esta persona puede tener un domicilio físico, un domicilio virtual o uno móvil y las operaciones del negocio las maneja a través de una laptop, una Tablet o un Smart pone, que son dispositivos portátiles.

Para mayor comprensión anotamos lo siguiente:

Domicilio. Es el lugar en el cual pueden ser localizada una persona. Nuestro Sistema Jurídico (Derecho Civil), previene varios tipos de domicilio: Voluntario, Legal y Convencional.

Domicilio-fiscala)  Domicilio voluntario. Es aquél que elige libremente la persona para establecer su casa o su lugar de trabajo.

b)  Domicilio legal. Aquí ciertas circunstancias delimitan el lugar en donde podrá encontrarse un sujeto y por ello, la norma legal fija dicho sitio. Cuentan con domicilio legal, los casos siguientes:

1.- Los menores de edad. Será domicilio de éstos, el de quienes ejerzan Patria Potestad (Padres y a falta de éstos, los abuelos que decida un Juez de lo Familiar).

Si no hay quien ejerza la Patria Potestad, el domicilio será el del tutor.

2.- Los incapaces mayores de edad (interdictos). Quienes tienen su domicilio en el lugar donde esté el tutor o tutores.

3.- Los militares en activo. El sitio en donde estén destacados.

4.- Los funcionarios públicos. El lugar en donde ejerzan sus actividades, por más de seis meses.

5.- Los reos. El Centro de readaptación social, en donde purguen su condena.

6.- Los procesados y los arraigados. El reclusorio o el sitio en donde estén confinados.

c) Domicilio convencional. Es un determinado lugar, seleccionado por la persona, para cumplir allí con cierto trámite o para que en él se practiquen algunas diligencias administrativas o judiciales (la oficina de un contador, el despacho del abogado etc.).

El Derecho Común para efectos de localizar a una persona o para determinar la competencia de las autoridades, en consideración al territorio, fija las siguientes reglas:

a) Se tendrá como domicilio de una persona física, el lugar en donde tenga su casa habitación.

b) Si no se le encuentra allí, se considerará como domicilio el sitio en donde desarrolle sus actividades remuneradas (industria, comercio, trabajo, etc.)

c) Si no aparece en alguno de los dos primeros, el lugar en donde esté.

El domicilio de una persona moral, es aquél lugar en donde se halla su administración principal.

En este sitio se practicarán toda clase de diligencias, ya que allí debe encontrarse el representante legal de la corporación.

En ciertas situaciones legales, se podrán realizar diligencias oficiales, en lugares distintos al domicilio social, como sucede con las sucursales, representaciones o agencias.

Las personas morales de Derecho Público, cuentan con domicilio fijado por la Ley y no por la voluntad de sus integrantes, como sucede con:

  1. La Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios.
  2. Los Organismos descentralizados.

DOMICILIO U OFICINA VIRTUAL.

Un domicilio u oficina virtual, puede considerarse como un lugar virtual e intangible donde se desarrollan actividades de negocios o empresariales como si se tratase de una oficina física. Las oficinas virtuales van enfocadas a prestar servicios a los clientes, o sea que una oficina virtual puede ofrecer productos y servicios sin hacer uso de los medios tradicionales (oficina 1), lo que puede llegar a ser mucho más eficiente y con menor costo, ya que los interesados puedenoficina-virtual1 acceder las 24 horas del día durante todo el año.

Las oficinas virtuales las ocupan empresas grandes, medianas y pequeñas, además de profesionistas y empresarios que desean reducir los costos y contar con un domicilio para su empresa o despacho. Las oficinas virtuales son muy utilizadas para tener presencia en diversos lugares, sin la necesidad de contar con un espacio físico, que a menudo suele ser muy costoso.

Debemos recordar que es totalmente válido abatir costos y obtener más ganancias.

En la actualidad, en muchos países se ofrece el servicio de oficinas virtuales, con costo mucho más bajo, comparado con el mantenimiento de un lugar físico. Ahorramos en luz, secretaria, vigilancia, mantenimiento etc..

Abundando, las reuniones con los clientes, se hacen mediante el chat o las videoconferencias, sin hacer uso de salas de conferencias y lugares físicos donde recibir a tus clientes.

Entonces una oficina virtual es una oficina compartida, que permite a personas físicas y morales, disponer de un domicilio fiscal permanente, en un determinado Estado o Ciudad dentro del Territorio Nacional. Ofrecen diferentes servicios que se pueden contratar por paquetes o módulos, según cada necesidad. Así tenemos: Servicio de recepción de correspondencia o maildrop; Servicio de gestión de llamadas telefónicas en diferentes modalidades “voice mail box” (buzón de voz), call forwarding o call redirecting (reenvío de llamadas) y call answering (recepción de llamadas por operadora); Servicio de recepción de fax,  mediante el sistema llamado fax o fax to e-mail; y alquiler de oficinas físicas y salas de reuniones por horas.

Por la practicidad de esta figura, muchos contribuyentes hacen uso de ella, llegando a señalarla como domicilio fiscal, dadas las facilidades y comodidades mencionadas.

            Sin embargo, a criterio de la autoridad fiscal, entre los elementos que pueden indicar que una empresa presuntamente está involucrada en una operación simulada, es que su domicilio fiscal es no localizado o que se ubica en pequeños cuartos de dos por dos metros, en los que operan una gran cantidad de empresas.

                                                                                                                                                                            

51216058. México, 16 Dic. 2015 (Notimex-Francisco García).- El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, informó que se detectaron este año 384 casos de abuso de confianza durante la presentación de las declaraciones anuales, con un impacto fiscal por nueve millones de pesos. NOTIMEX/FOTO/FRANCISCO GARCÍA VELASCO/FGV/EBF/

 

El Servicio de Administración Tributaria ha sostenido:

“Hemos encontrado hasta 350 empresas en un domicilio muy pequeño, pero que

realmente son oficiales virtuales; son empresas que manejan grandes cantidades de operaciones en domicilios existentes, pero en zonas marginadas de las ciudades”, detalló.

Luego entonces tenemos:

¿Para funcionar empresarialmente, es necesario un domicilio en Polanco o en Santa Fe?

¿Contar con dos y tres pisos?

 ¿Tener mil empleados?

Respuesta, claro que no, es una posición extremadamente subjetiva y sin fundamento, el pensar así, ya que a la fecha se usa el buzón tributario, el correo electrónico y hasta los mensajes vía celular, para comunicarse con el contribuyente, llegando incluso a presumirse que esta notificado al cuarto día del envío del mensaje por buzón.

 Acerca del domicilio fiscal, el Código Tributario Federal indica:

Artículo 10. Se considera domicilio fiscal:

I. Tratándose de personas físicas:

a). Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios.

b). Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. 

c). Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción. 

Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas. 

II. En el caso de personas morales:

a). Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

b). Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente”.

Como se aprecia con facilidad, el numeral transcrito no se encuentra al día en materia digital y cibernética, como si lo está en otros apartados.

 Surge la pregunta: ¿Para abrir el buzón fiscal, debo estar en mi domicilio fiscal?

            La respuesta es no, ya que gracias a la portabilidad de los equipos digitales, puedo abrirlo desde cualquier lugar y por lo tanto estar en contacto con el fisco federal.

            La ley tributaria se halla plagada de presunciones, las cuales deben demostrarse por la autoridad, ya que si ella dice que la operación es simulada (2), se aplica el artículo 68 del CFF que a la letra dice:

“Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho”.

            El particular debe tener mucho cuidado al expresarse y efectuar una negativa lisa y llana, sin aclarar nada ni agregar nada, para que opere la inversión de la carga de la prueba, en contra de la autoridad fiscal correspondiente.

            Veamos las siguientes Tesis:

CAUSACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE UN ACTO, HECHO O NEGOCIO JURÍDICO ES ARTIFICIOSO RECAE EN QUIEN HACE LA AFIRMACIÓN CORRESPONDIENTE.
Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los contribuyentes -entre ellas, las inversiones en acciones- cuentan con presunción de licitud, si en ello coincide el que no se presentan como ajenas a la práctica comercial ordinaria. Por tanto, cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión real, sino que tien9e un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos que acrediten la ausencia de sustancia jurídica. Así, para probar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo a si: la operación tiene una repercusión económica neta en la posición financiera del contribuyente; existe una razón de negocios para la realización de la operación; al efectuar la transacción podía razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación; o bien, la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control. Todo lo anterior, sin dejar de reconocer que el tema aludido resulta de particular complejidad, por lo que las cuestiones propuestas como elementos para la valoración de cada caso no son más que una aproximación que no pretende ser la guía rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación, o sobre su plena validez.


Amparo en revisión 297/2008. Servicios Administrativos Grupo Casa Saba, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.


Tesis: 1a. XLVII/2009.

10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 2027

PRESUNCIÓN JURÍDICA. SU NOCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. En materia tributaria, la finalidad de establecer presunciones por parte del legislador radica, precisamente, en el hecho de que, en aquellas situaciones en las que, por la dificultad de la autoridad de probarlas, y a fin de controlar prácticas de evasión y elusión de impuestos, deben recogerse experiencias derivadas de prácticas que se dan con un cierto margen de generalidad o reiteración, lo que se conoce como “máximas de experiencia” que, dada su idoneidad, el legislador las positiviza, recogiéndolas en el texto con ese carácter. Así, la presunción jurídica constituye un juicio lógico del legislador o del Juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, con apoyo en las máximas generales de experiencia, que le indican cuál es el modo normal como suceden los acontecimientos. Dicha figura se integra, en todo caso, por tres elementos esenciales, a saber, una afirmación base, otra presumida y el enlace o nexo. El primero se constituye en piedra angular sobre la que se erige la presunción, por lo que deberá acreditarse fehacientemente; el segundo es el producto novedoso con significado probatorio, establecido a partir del hecho base, una vez verificado y, el tercero, consiste en máximas de experiencia que fijan la relación precisa entre las afirmaciones base y presumida. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 842/2012. Tapón Corona, S.A. de C.V. 22 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 730

PRESUNCIONES SOBRE EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUYENTE. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.Las presunciones legales son frecuentes en el ámbito tributario en virtud de que se anticipan a las posibles conductas fraudulentas de los sujetos obligados y parten de una probabilidad normal en la realización de un hecho de difícil constatación para la autoridad fiscal creándose así una verdad jurídica distinta a la real, siendo su fundamento el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza al legislador para que dentro de un sistema tributario justo adopte las medidas para lograr el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el entendido que debe existir un correcto equilibrio entre el hecho demostrado y el presumido, de manera que uno sea consecuencia necesaria del otro. Si esta elemental regla de deducción lógica no se respeta en la norma de presunción, o haciéndolo, el proceso deductivo es incoherente, se habrá provocado indefensión al contribuyente por señalarse un supuesto jurídico poco probable, absurdo, irracional o imposible de plantear, cuya presunción mal trazada producirá su inconstitucionalidad por ser incompatible con los postulados de equidad y proporcionalidad, a pesar de que sea un instrumento que en apariencia trata de reprimir el fraude a la ley tributaria. Así, la inconstitucionalidad puede sobrevenir por no responder a criterios de equidad o capacidad contributiva, que en parte conforman la idea de justicia en el ámbito tributario, pues una mala o deficiente estructura de la presunción legal provocaría que se creara en lugar de una verdad jurídica aceptable, una ficción jurídica imposible de rebatir y sin trascendencia para constituir el hecho imponible.

       SALA

Amparo directo en revisión 143/2009. Promotora Cultural y Educativa de Aguascalientes, A.C. 11 de marzo de 2009. Mayoría de tres votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

 

            Pasamos al siguiente caso, los negocios móviles, como serían los denominados “food trucks” que sirven alimentos en la vía pública, o los escritorios públicos que funcionan en la calle, curiosamente muchos de ellos cerca de las oficinas gubernamentales, ¿esta clase de negocio, cae en los supuestos del artículo 10 del CFF).

            Esa es una gran interrogante, pues basta con mover la unidad automotora, para “cambiar de domicilio” y aparecer como “ilocalizable” a criterio del fisco de la Federación.

            Debemos atender esta opinión judicial:

 DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de ahí que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter de mueble o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. En el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Existen personas que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad que no puede ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las habitaciones de este tipo de establecimientos pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de los domicilios móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no son domicilios para los efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozarán de protección constitucional cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda.

Clave: 1a., Núm.: CXVI/2012 (10a.)

Amparo directo en revisión 2420/2011. 11 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Conclusión: Prácticas que no se encuentra prohibidas por la norma legal, se prestan a infinidad de abusos por parte de la autoridad tributaria, dentro de las cuales mencionamos:

            1.- Considerar ilocalizable al contribuyente y negarle devoluciones de impuestos.

            2.- Cancelar los certificados para que no puedan expedir comprobantes fiscales.

            3.- Presumir que realizan operaciones inexistentes.

Todos estos abusos se pueden combatir mediante los medios de impugnación previstos por nuestro Sistema Jurídico, alegando lo que a nuestros intereses convenga; recordando siempre la negativa lisa y llana, para el efecto de que, la autoridad tenga que demostrar sus afirmaciones.

Nota:

1

Del latín officīna, una oficina es el local destinado a algún trabajo. Puede tener distintas formas de organización y de distribución del espacio de acuerdo a la cantidad de trabajadores y a su función.

Lee todo en: Definición de oficina – Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/oficina/#ixzz49alb12wf

2

Nótese lo subjetivo del precepto y nunca olvidar que en materia penal no se pueden considerar las presunciones, solo los hechos consumados:

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código”. 

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