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EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 

Publicado el 16 Ago a las 18:47h 

 

www.gmcapacitacion.com

andres mateos satiago busto Colaboracion de:

Lic. Andrés Mateos- El Fiscalista de México 

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La instauración del nuevo procedimiento penal acusatorio en nuestro país implementó diversos cambios tanto jurídicos, administrativos, académicos, tecnológicos, entre otras más,  con el fin de adecuar el nuevo sistema del cual se espera sea más eficiente en la procuración e impartición desistema penal justicia, pues persigue  que los veredictos sean apegados a los nuevos principios procesales de publicidad, contradicción, concentración , continuidad e inmediación, procurando que las víctimas u ofendidos no queden impunes y se cumpla con la reparación del daño. En este contexto, el delito de Defraudación Fiscal ah sido desincorporado del catálogo de delitos graves en el Código Nacional de Procedimientos Penales ( CNPP ), resultando necesario el presente resumen que espero sea de utilidad para todos ustedes . 

ANTECEDENTES  DEL TIPO PENAL DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO.

Siguiendo el texto del autor  (Octavio Alberto Orellana Wiarco, el delito de defraudación fiscal, editorial porrúa, páginas 81 y 82) quien nos dice:

“La norma jurídica que por primera vez prevé el delito de defraudación fiscal en nuestra legislación aparece al publicarse la ley penal de defraudación impositiva en materia federal con fecha 30 de diciembre de 1947.

Al reformarse el Código Fiscal de la Federación con fecha 31 de diciembre de 1948, éste se adicionó con el título sexto al anterior Código Fiscal de la Federación de 1938. Este título fue denominado de los delitos, con disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas, donde aparece regulado el delito de defraudación fiscal y por tal motivo con ello resultó derogada la ley mencionada.

Con fecha 19 de enero de 1967 se publicó un nuevo Código Fiscal de la Federación, que inició su vigencia el 1ro de abril de 1967, donde el título sexto del código anterior se ubicó en el capítulo del título II, a continuación del capítulo dedicado a las infracciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal aparece definido en el artículo 71 que a la letra decía: comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaños o aproveche errores, para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto.

Para esas fechas el delito de defraudación fiscal por el principio de exacta aplicación de la ley penal sólo comprendía a los impuestos, situación que el actual delito ya remedió al emplear el término contribución en lugar de impuesto.

El primero de enero de 1983 inició la vigencia del actual Código Fiscal de la Federación, expedido por decreto del 30 de diciembre de 1981, donde lo relativo a la materia de los delitos fiscales se reguló y ubicó en el capítulo II del título IV dedicado a las infracciones y delitos fiscales”​

Por otra parte tenemos que el delito del que hablamos se encuentra previsto en el Código Fiscal Federal en su rango de ley especial que por disposición del artículo 6to del Código Penal Federal , deberá aplicarse de manera preferente el Código Tributario. 

 

EL CÓDIGO FISCAL  FEDERAL ACTUAL SE CONFIGURA COMO LEY ESPECIAL 

El Código Penal Federal ( CPF ), establece en su artículo 6o, que cuando se cometa un delito no previsto en dicho Código, pero si en una ley especial, o en un tratado internacional  de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones de los libros primero y segundo, del mismo Código. Así es que, el Código Fiscal Federal ( CFF ), debe interpretarse como Ley Especial en cuanto a su  Capítulo ll, de Delitos Fiscales, teniendo prioridad en su aplicación, y en lo no previsto en él, será de aplicación la Ley General conforme a la regla ya citada. 

 ARTICULO 108  CFF

 “Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”

 Mediante tesis aislada del año de 2003, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, emitió criterio Judicial respecto del análisis gramatical de las diversas hipótesis delictivas contenidos en el artículo 108 del Código Fiscal Federal. 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Febrero de 2003

Página: 1042

DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que comete el delito de defraudación fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Ahora bien, de la simple interpretación gramatical del invocado precepto, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra “o” y la diversa “u” que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra “y”; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras; de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si el tribunal responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de defraudación fiscal consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de la quejosa.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 132/2002. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Rodríguez Puerto. Secretario: Ignacio Ojeda Cárdenas.

 

Atendiendo a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, el  delito de defraudación fiscal contiene las hipótesis delictivas siguientes:

 1 El uso de engaños o aprovechamiento de errores  

2 Omitir total o parcialmente el pago de una contribución u  

3 Obtener un lucro indebido

4  Con perjuicio del fisco federal

Por cuanto al uso de engaños o aprovechamiento de error debe tenerse especial cuidado en no confundir los actos de mera omisión, que no constituyen conductas delictivas, con aquellos que son producto de la simulación, engaño, maquinación, apariencia e indebida aplicación de las normas fiscales. En referencia al elemento “engaño” contenido en la tipificación del delito de defraudación fiscal, se comprende como <la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre>; en tanto que por “error” < concepto, idea, opinión o juicio falso o equivocado> (Gran diccionario de la Lengua Española. LAROUSSE), por lo que la falta de verdad, difiere de la interpretación equivocada que tenemos sobre algo, el elemento de la intencionalidad o propósito se presenta a la vista. Leamos el siguiente comentario y los  criterios de la tesis que muestro enseguida para dar claridad al delicado punto sobre la existencia del engaño que difiere de la simple omisión. 

” En lo referente a la omisión de contribuciones, el autor Fernando Ramiro Vega Vargas nos dice que es: el incumplimiento total o parcial del pago de las contribuciones a que se encuentra obligado el sujeto pasistema penal 3sivo de la relación jurídica tributaria, el cual debe derivar básicamente de dos causas de incumplimiento: el primero, cuando la omisión de pago se derive de errores de interpretación o aritméticos, por el rechazo de deducciones , compensaciones, acreditamientos improcedentes, cálculos erróneos etc., que tienen la característica de no ser deliberados por parte del contribuyente, quien deberá pagar  las contribuciones y sus accesorios, incluyendo sanciones; en segundo supuesto , la omisión de contribuciones se relaciona con la voluntad consciente y manifiesta del contribuyente, por la elaboración de documentos o contratos que no toleran un análisis de verdad, lo que produce la comisión de un delito fiscal, precisamente por sus características dolosas, tendentes a dejar de pagar al fisco federal o local. Las contribuciones a las cuales se encontraba obligado , y en materia federal se habrá cometido el delito de Defraudación Fiscal…” – Análisis Temático del Código Fiscal de la Federación , tomo ll, Dofiscal. –

Así que un primer punto de apreciación nos indica que debemos distinguir con claridad los actos que entrañan él no pago por mera omisión, y los de intención deliberada que son constitutivos del ilícito fiscal. 

Tipo de documento: Tesis aislada

Séptima época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 57 Segunda Parte

Página: 17

DEFRAUDACION FISCAL NO CONFIGURADA. La defraudación fiscal mediante engaño o aprovechamiento del error, implica el aprovechamiento del error de la autoridad o el engaño en el que se le hace caer, lo que no ocurre cuando se trata de actos de mera omisión.

Amparo directo 859/72. Arturo Estrada Arvízu. 10 de septiembre de 1973. Mayoría de tres votos. Disidentes: Mario G. Rebolledo y Manuel Rivera Silva. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Amparo directo 148/72. Ernesto Pansich Edwuard. 10 de septiembre de 1973. Mayoría de tres votos. Disidentes: Mario G. Rebolledo y Manuel Rivera Silva. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Amparo directo 6168/71. Guillermo Delgadillo Zuleta y Rubén Huerta Velasco. 10 de septiembre de 1973. Mayoría de tres votos. Disidente: Mario G. Rebolledo y Manuel Rivera Silva. La publicación no menciona el nombre del ponente.

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Octubre de 2001

Página: 1108

DEFRAUDACIÓN FISCAL. NO SE CONFIGURA EL ENGAÑO POR EL INCUMPLIMIENTO A UN CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES. El delito de defraudación fiscal previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación requiere, entre otros elementos del tipo, el ánimo doloso por parte del sujeto activo, mismo que se exterioriza mediante “el uso de engaños o aprovechamiento de errores”, elemento que no se configura por el solo hecho de que el quejoso omita el cumplimiento al convenio de pago a que voluntariamente se había comprometido, pues no puede considerarse que ese incumplimiento por sí sólo constituya un engaño, entendiéndose por éste, según lo define el Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa, vigésima primera edición, Tomo I, como la “Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre”; ya que tal actitud no implica una falta de verdad, sino sólo una omisión a dar cumplimiento voluntario a lo que se había obligado, sin que dicha omisión sea suficiente para tener por colmado el elemento de referencia, pues así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 57, Segunda Parte, página 17, del rubro y texto siguientes: “DEFRAUDACIÓN FISCAL NO CONFIGURADA.-La defraudación fiscal mediante engaño o aprovechamiento del error, implica el aprovechamiento del error de la autoridad o el engaño en el que se le hace caer, lo que no ocurre cuando se trata de actos de mera omisión.”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 196/2001. 29 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: Karla Gisel Martínez Martínez.

 

Por cuanto a la obtención del lucro indebido y del perjuicio fiscal, este elemento de naturaleza económica se configura al amparo de una idea dolosa que la ley fiscal la sanciona penalmente, se considera ilegítimo y en perjuicio del interés general el perjuicio a la hacienda pública, y por ello se exige sea perseguido penalmente y  resarcido como reparación del daño. Artículo 2o del CNPP:

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 2do  como uno de sus propósitos el que se repare el daño al inocente, razón suficiente para que hablemos un poco sobre el Dictamen Técnico Contable que es el documento en el cual la autoridad hacendaria determina el monto del perjuicio sufrido a consecuencia de la omisión de pago de contribuciones y que de conformidad con el Código Fiscal Federal, el contribuyente omiso deberá satisfacer como requisito previo antes de gozar de los beneficios de la medida cautelar, esto es que cuando se encuentre bajo juzgamiento por delito fiscal y proceda su libertad mediante garantía, deberá satisfacer el pago de la reparación del daño a entera satisfacción de la autoridad fiscal. 

LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL FISCAL.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 20 apartado A, fracción l, que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento reparacion del dañode los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que los daños causados por el delito se reparen;  de similar  contenido es el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece en su artículo 2do como uno de sus propósitos el que se repare el daño al inocente y el diverso artículo 213 del mismo ordenamiento procesal cuyos renglones expresan:   ” La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño” 

 

El tema de la reparación del daño en materia fiscal  ha sido tratado de diferente manera en la última década 2006 -2016 puesto que en los años anteriores a 2006, se consideró que los jueces no tenían facultades para imponer sanción pecuniara. El artículo 94 del Código Fiscal Federal vigente en esos años decía : ” En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria”; a su vez, el numeral 29 del Código Penal Federal ya decía ( como hasta la fecha ), que  < la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño >, se concluyó entonces que la prohibición a los jueces para dictar la condena pecuniaria incluía ambas modalidades, < multa y reparación del daño>, por tanto el mencionado artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación  que a la fecha sigue estableciendo la facultad para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público pueda hacer la cuantificación del daño o perjuicio para efectos de poder conceder la libertad provisional en el procedimiento penal, – excepto tratándose de delitos graves-, transgredía  la garantía establecida en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, pues si el monto estimado de la reparación del daño no iba a ser materia de la condena que, en su caso, pudiera decretarse, resultaba indebido el requisito de que se garantizara ese concepto para efectos de la libertad provisional “, así que por supuesto que esta conclusión no satisfizo el interés hacendario y en ese mismo año de 2006 el legislativo derogó el mencionado  artículo 94 del Código Fiscal Federal, situación que permitió que en la actualidad  los jueces    < si puedan dictar en su sentencia dicha condena > . 

El tema quedará ilustrado con la lectura de la jurisprudencia 37/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL YA SUPERADA AL DEROGARSE EN EL AÑO DE 2006, EL ARTÍCULO 94 CFF. 

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 92, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL CONDICIONAR ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTÍA POR EL MONTO ESTIMADO DEL DAÑO O PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS, ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS. El mencionado precepto legal establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación del daño o perjuicio determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las contribuciones adeudadas, además de la actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva dicho beneficio, entendiendo estos conceptos, en su conjunto, como el menoscabo patrimonial que trae como consecuencia el delito de defraudación fiscal. Por otro lado, debe considerarse que como el referido artículo 92 se ubica en el capítulo II “De los delitos fiscales” del título IV “De las infracciones y delitos fiscales”, su análisis no puede hacerse de manera aislada, sino inmersa en el sistema que integra, por lo que resulta dable su interrelación con el artículo 94 del propio Código que prevé que en los delitos fiscales está prohibido a la autoridad judicial imponer sanción pecuniaria, así como que las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal, y si además el artículo 29 del Código Penal Federal establece que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño, se concluye que la prohibición de que se trata incluye ambas modalidades, por tanto el mencionado artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación transgrede la garantía establecida en beneficio del procesado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, pues si el monto estimado de la reparación del daño no va a ser materia de la condena que, en su caso, pudiera decretarse, resulta indebido el requisito de que se garantice ese concepto para efectos de la libertad provisional.

Amparo en revisión 594/2005. 1o. de junio de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Amparo en revisión 1823/2004. 15 de junio de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto.

Amparo en revisión 583/2005. 22 de junio de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.

Amparo en revisión 1153/2005. 5 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.

Amparo en revisión 2199/2005. 22 de marzo de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis de jurisprudencia 37/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil seis.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Junio de 2006. Página 44.

LA EXIGENCIA DE GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PARA GOZAR DE LA LIBERTAD PROVISIONAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

En principio es importante señalar que el artículo 20 apartado B, fracción l, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de todo imputado a que se presuma su inocencia hasta en cuanto no se demuestre su responsabilidad mediante sentencia firme dictada por el juez de la causa; de similar contenido es  la fracción l del artículo 113, del Código Nacional de Procedimientos Penales  que al referirse a los derechos del imputado dice: ” El imputado tendrá los siguientes derechos: …A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad “. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita por México desde el año de 1969, enuncia  este principio de manera textual: ” toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad..”, y qué decir de más de una decena de jurisprudencias que establecen el in dubio  pro reo, y la presunción de inocencia en favor del acusado, que en materia fiscal no terminan por acatarse.

 Recordemos que en apartados anteriores  comenté  que en el año de dos mil seis se derogó el artículo 94 del Código Fiscal Federal, con lo que en la actualidad ya no es prohibición la condena a la reparación del daño, pero para que en la actualidad, un imputado por delito fiscal pueda gozar de su libertad cautelar, los jueces la concederán  siempre y cuando se cumpla con la satisfacción de la caución y  quede garantizada la reparación del daño al fisco federal, que incluye las contribuciones adeudadas, con actualización y recargos a la fecha en que se solicite la concesión de la libertad provisional ( artículo 92 CFF ). Esta medida resulta contradictoria al cúmulo de principios y postulados sobre presunción de inocencia, ya que en realidad se está anticipando el resultado de la condena, lo cual de suyo es un acto ventajoso e injustificado jurídicamente. El  Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito mediante tesis del 27 de mayo de 2016 resolvió que:  < la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena , y  sobre esta base, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva debe ser justificada..>, veamos la tesis : 

PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el carácter excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que establece la posibilidad de que el Ministerio Público la solicite al Juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal reconoce el derecho fundamental de presunción de inocencia cuya vertiente de “regla de trato procesal”, ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 497, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.”, en el sentido de que toda persona sometida a un proceso penal debe ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, lo que constriñe a los Jueces a impedir, en la mayor medida, la aplicación de disposiciones que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Sobre esta base, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 194, apartado B, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, POR NO TENER DERECHO A LA JUSTICIA RESTAURATIVA NI A QUE SE LE CONCEDA BENEFICIO O SUSTITUTIVO PENAL ALGUNO, viola el mencionado principio de presunción de inocencia, pues dicho pronunciamiento presupone de suyo la anticipación de la pena, lo cual constitucionalmente está proscrito en el actuar de los juzgadores, en atención a la vertiente regla de trato procesal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

Amparo en revisión 491/2015. 18 de febrero de 2016. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Fernando Emmanuelle Ortiz Sánchez.

Época: Décima Época Registro: 2011746 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 27 de mayo de 2016 10:27 horas Materia(s): (Penal) Tesis: II.1o.33 P (10a.) .Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Son aplicables al análisis del principio de presunción de inocencia a que se refiere nuestra Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros ordenamientos, las jurisprudencias siguientes: 

Al respecto cobra aplicación la siguiente jurisprudencia:

Época: Octava Época

Registro: 213021

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Núm. 75, Marzo de 1994

Materia(s): Penal

Tesis: VII. P. J/37

Página: 63

 IN DUBIO PRO REO 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo “in dubio pro reo” no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 135/93. Abel de Jesús Flores Machado. 10 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Lucio Marín Rodríguez. Amparo directo 340/93. José Jiménez Islas. 19 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Juana Martha López Quiroz. Amparo directo 331/93. Gilberto Sánchez Mendoza y otro. 7 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. Amparo directo 531/93. Alfredo Cázares Calderón. 8 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia López Vives. Amparo en revisión 415/93. César Ortega Ramírez. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco.

 Época: Octava Época, Registro: 213021,Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 75, Marzo de 1994, Materia(s): Penal, Tesis: VII. P. J/37. Página: 63

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

PLENO

Contradicción de tesis 360/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 21 de abril de 2014. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis VII.2o.A.2 K (10a.), de rubro: “DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE SU TITULARIDAD.”, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1994, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 315/2012.

Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 315/2012, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, derivaron las tesis aisladas IV.2o.A.30 K (10a.) y IV.2o.A.31 K (10a.), de rubros: “PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA SU PROTECCIÓN, EN AQUELLOS SUPUESTOS EN QUE ELLO SEA APLICABLE, CON ARREGLO A SU NATURALEZA.” y “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESE DERECHO DEBE SER IGUAL PARA PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS.”, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, páginas 2628 y 2701, respectivamente.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de febrero de dos mil quince.

Décima Época; Registro 2008584; Pleno; P./J. 1/2015 (10a.); Jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.); SJF; 6 de marzo de 2015; Materia Constitucional.

La garantía de la reparación del daño en los delitos fiscales puede resultar difícil de cumplir por quien ha sido acusado penalmente; los juzgadores estiman que LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO LA APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR  ESTARÁ CONCEDIDA SOLO QUE SERÁ NECESARIO GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO; es decir el derecho de que el imputado goce de la medida cautelar para obtener su libertad en tanto se lleva a cabo su juzgamiento, no está en discusión, – solo que es un requisito que garantice el débito fiscal a entera satisfacción del fisco federal, esto es con actualización y recargos –  así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales: artículos 155 al 168 y 92 del Código Fiscal Federal. Desde mi perspectiva, esta exigencia viola el principio de inocencia tan anunciado y hasta presumido en el medio jurídico nacional e internacional, puesto que una razón de orden económico, resulta  más poderosa que la juridicidad de la presunción de inocencia. Una verdad queda para la reflexión; en aquellos casos en que los contribuyentes ya no tengan posibilidad económica para garantizar la reparación del daño, permanecerán en prisión preventiva, aunque en el dictado de la sentencia judicial puedan resultar absueltos . ¿ acaso no es esto contradictorio e incomprensible ?, lo dejo para la crítica razonada. 

EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL FUE CONSIDERADO COMO UN ILÍCITO TRIBUTARIO CALIFICADO COMO GRAVE PARA EFECTOS DE LA PRISION PREVENTIVA Y DE SU JUZGAMIENTO. 

 

Tipo de documento: Tesis aislada 

Novena época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXIII, Febrero de 2006

Página: 626

DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA. CONSTITUYE UN DELITO GRAVE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN VI, INCISO 2), DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE ANTE SU COMISIÓN PROCEDE NEGAR LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. De la lectura de los trabajos legislativos realizados desde 1917 hasta la reforma actual del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la reiterada preocupación del Constituyente por encontrar fórmulas satisfactorias sobre el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en la cual colisionan intereses en conflicto del inculpado, del ofendido y de la sociedad; por ello, el legislador secundario, en quien por disposición constitucional recae la facultad de fijar los alcances de dicha garantía, consciente de que el disfrute de la libertad bajo caución es un derecho que en principio todo inculpado debe tener, no ha soslayado que en delitos de suma gravedad se justifica el aseguramiento precautorio del sujeto como medida de necesidad extrema, con la finalidad de conseguir la marcha regular del proceso e impedir demoras y posibles contingencias en su curso. Así, en el catálogo de delitos graves precisados en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el legislador tomó como elemento básico el grado de peligro que para la sociedad representa la conducta delictiva del agente, peligrosidad que obviamente está vinculada con la importancia que tienen para el individuo y para el grupo social en su conjunto los bienes jurídicamente tutelados por el ordenamiento. En ese tenor, el delito de defraudación fiscal calificada, previsto en el artículo 108, fracciones II o III, del Código Fiscal de la Federación, constituye un delito grave para todos los efectos legales, entre ellos, el de negar la procedencia de la libertad provisional bajo caución, en virtud de que el legislador federal atendió a la gravedad de la ofensa a los bienes jurídicos de la comunidad en general, en concreto, el erario y patrimonio públicos.

Amparo en revisión 934/2005. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXIII, Febrero de 2006

Página: 627

DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA. EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE CALIFICA COMO GRAVE AQUEL DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD. El delito de defraudación fiscal calificada, por emplear documentos falsos, y cuyo monto esté en los rangos previstos en el artículo 108, fracciones II o III, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, es considerado por el legislador federal como delito grave en el artículo 194, fracción VI, inciso 2), del Código Federal de Procedimientos Penales, atendiendo a la afectación del erario y patrimonio públicos, sin el beneficio de la libertad caucional. En esa virtud, el trato distinto respecto de individuos que se ubican por debajo de los rangos establecidos en la fracción I del citado artículo 108, es para efectos de considerar la gravedad del delito y la procedencia, en su caso, del beneficio aludido. Por tanto, el mencionado artículo 194 no viola la garantía de equidad, ya que se justifica un trato desigual para los sujetos que se encuentran bajo los supuestos indicados, pues no hay semejanza entre individuos cuya conducta impacta en mayor grado en el quebranto al erario, respecto de aquellos que no afectan la economía pública.

Amparo en revisión 934/2005. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Octava época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV, Enero de 1995

Página: 217

DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL. MONTO DE LA CAUCION PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD PROVISIONAL. Una interpretación del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación conduce a estimar que en los delitos fiscales en que proceda la libertad provisional, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la cuantificación correspondiente del daño o el perjuicio efectuado a la autoridad fiscal en la querella formulada o declaratoria de perjuicio, y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos, que hubiere determinado la autoridad a la fecha en que se promueva la libertad provisional. Por lo que si el administrador fiscal federal comunica al juez de amparo que las contribuciones adeudadas por el agraviado ascendían a determinada cantidad, incluyendo el perjuicio consignado en la querella, su actualización y recargos, es de concluirse que se encuentra ajustado a derecho que el juzgador federal haya fijado la fianza que debería cubrir el inconforme a fin de concederle el beneficio de libertad provisional bajo caución.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 48/92. José Pablo Tamez Alanís. 28 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón.

Nota: Por ejecutoria de fecha 20 de mayo de 1998, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 40/96 en que había participado el presente criterio.

 

 HIPÓTESIS DEL DELITO  DE DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADO.

 Se consideran así según él séptimos  párrafo del art. 108 del Código Fiscal Federal:

 “. . .

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código, serán calificados cuando se originen por:

a).- ​Usar documentos falsos.

b).- Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.

c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan.

d).-No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.

e) ​Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.

f) ​Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.

g ) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

h ) Declarar pérdidas fiscales inexistente. 

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

 .  .  .”

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA

Se puede considerar igual o equivalente a algo cuando usamos la expresión “equiparar”, de ahí que en lo referente al delito fiscal que se comenta persistan los mismos elementos pero con determinadas particularidades que el legislador consideró tomar en cuenta por ser recurrentes de la conducta fraudulenta; <la falsedad > en los asientos y registros contables es un ejemplo de esta agravante.

Corresponde ahora el análisis del artículo  109 del CFF.

 Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 

 

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Febrero de 2003

Página: 1043

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN DE UN AUTOR MATERIAL CALIFICADO. El tipo penal del delito de defraudación fiscal equiparado, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, sólo puede ser cometido directamente por sujetos activos calificados, que son quienes tienen la obligación de presentar las declaraciones fiscales (contribuyentes). En el caso de las personas morales, la obligación recae en sus representantes legales, por lo que si el comisario de una empresa carece de ese carácter, no puede ser autor material del delito de que se trata.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 225/2002. 3 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Luz María Arizaga Cortés.

 

Como vemos la tesis aislada anterior es incisiva de manera directa sobre el representante legal de la persona moral por ser el obligado a presentar las declaraciones fiscales; posteriormente se resolvió en jurisprudencia de la Primera Sala del alto tribunal, un razonamiento con mayor amplitud al emanado del   Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito:

 

Tipo de documento: Jurisprudencia

Novena época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXV, Febrero de 2007

Página: 264

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA CONFIGURACIÓN DE ESTE DELITO NO REQUIERE DE SUJETO ACTIVO CALIFICADO. El citado artículo prevé el delito de defraudación fiscal equiparada, el cual consiste, entre otras hipótesis, en consignar en las declaraciones presentadas para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a la ley, sin exigir que el sujeto activo tenga una calidad específica. En ese sentido, se concluye que la configuración del mencionado ilícito no requiere de sujeto activo calificado, pues basta que materialmente se consignen en las declaraciones fiscales presentadas deducciones falsas o ingresos menores a los realmente percibidos; de ahí que tratándose de declaraciones presentadas a nombre y por cuenta de personas morales, comete el delito de defraudación fiscal equiparada quien despliegue la conducta señalada, independientemente de que tenga o no algún poder o facultad por parte de la empresa.

Contradicción de tesis 53/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.

Tesis de jurisprudencia 95/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de noviembre de dos mil seis.

 Se ha considerado que el delito de defraudación fiscal equiparada previsto en la fracción l del artículo 109 del Código Fiscal Federal, es  un ilícito de “mera conducta”, < Quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes.>, que su configuración no requiere de un “resultado” como sucede en las hipótesis del artículo 108 del CFF; así lo resolvió en tesis aislada el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Pernal del Primer Circuito.

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Abril de 2003

Página: 1074

DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DERIVADO DE SU NATURALEZA JURÍDICA SE DESPRENDE QUE ES UN ILÍCITO DE MERA CONDUCTA. Los delitos de mera conducta son los que describen como punible el simple comportamiento del agente y, por ello, el legislador ha considerado que la conducta por sí misma, dada su potencialidad criminosa, debe ser objeto de represión penal, independientemente del resultado que pueda producir; en cambio, los delitos de resultado se caracterizan porque la sola conducta no es suficiente para su incriminación, sino que se hace necesaria la producción de un evento dado, de tal manera que si éste no se realiza, el hecho carece de tipicidad plena. De esta forma, el delito de defraudación fiscal previsto en la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación que dice: “Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. …”, se trata de un ilícito que en atención a su contenido o forma de integración fáctica, es de los llamados de mera conducta, es decir, no exige la producción de un resultado material, pues tiene su consumación cuando se consignan en las declaraciones (que se presentan para efectos fiscales) deducciones falsas o ingresos menores a los obtenidos o determinados conforme a las leyes, por lo que la conducta descrita, por sí sola, es suficiente para acreditar el cuerpo del delito, pues se trata de un delito unisubsistente, es decir, configurado por un solo acto, en este supuesto consistente en consignar deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o a los determinados conforme a las leyes, sin que lo anterior implique que la conducta no genere un resultado que pudiere causar un perjuicio al fisco federal; sin embargo, ello no es un elemento integrador del cuerpo del delito.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1246/2002. 21 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Rangel del Valle, secretaria de tribunal autorizada en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza.

 

Con cierta similitud a lo razonado por el Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis anterior, y haciendo énfasis en el núcleo principal de ambos delitos previstos en los diversos 108 y 109 del CFF, se pronunció la siguiente:

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVIII, Julio de 2003

Página: 1081

DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EXCLUYE A LA FIGURA EQUIPARADA CONTEMPLADA POR EL DIVERSO NUMERAL 109, FRACCIÓN I, DEL MISMO ORDENAMIENTO, AL ACREDITARSE QUE EL INFRACTOR, MEDIANTE EL ENGAÑO AL PRESENTAR LA DECLARACIÓN, OMITIÓ EL PAGO DE IMPUESTOS. Del texto de los artículos 108 y 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el primero describe el tipo del delito de defraudación fiscal mediante una conducta que, con el uso de engaño o aprovechamiento del error omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, mientras que el segundo alude a una figura equiparada que sanciona a quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos, de lo que se sigue que si el infractor, mediante el engaño al presentar la declaración del ejercicio anual omite el pago de ciertos impuestos, su conducta encuadra en la hipótesis delictiva principal contenida en el invocado artículo 108, con exclusión de la figura subsidiaria descrita por el aludido numeral 109, parte inicial de la fracción I, en virtud de que si bien ambas entidades delictivas coinciden en el objeto a salvaguardar, como lo es el patrimonio del Estado, así como en los sujetos calificados, sin embargo, pierden su similitud en los elementos comisivos y en el núcleo del tipo, puesto que en el primero lo son el uso de engaño o el aprovechamiento del error, además de que el núcleo principal del tipo lo constituye la omisión total o parcial del pago de alguna contribución o la obtención de un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. En cambio, el segundo de los injustos carece de medios comisivos y el núcleo del tipo penal es distinto, pues se limita a la consignación de declaraciones fiscales con deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados por la ley, lo que significa que subsidiariamente sólo sanciona determinada conducta que constituye un estadio de la figura principal, la que ocurre antes del núcleo del tipo, esto es, previo a la omisión o la obtención señaladas, de tal suerte que si el proceder que se atribuye al activo no se constriñe a la presentación de una declaración en la que reporta ingresos menores a los que percibió, sino que mediante ella logra omitir el pago parcial o total de contribuciones con perjuicios para el erario federal, debe estimarse que en ese supuesto la figura subsidiaria queda absorbida por la principal, porque la conducta del infractor colmó todos los elementos de esta última.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 171/2002. 9 de julio de 2002. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Osiris Ramón Cedeño Muñoz.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 103/2002, pendiente de resolver en la Primera Sala.

 

Por demás interesante es el contenido de la tesis aislada que veremos a continuación porque aborda una de las hipótesis más importantes  del ilícito en estudio:

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Abril de 2003

Página: 1075

DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA MENCIÓN EN LA DECLARACIÓN FISCAL DE HABER ENTERADO PAGOS PROVISIONALES NO EFECTUADOS, NO DEBE SER CONSIDERADA COMO DEDUCCIÓN FALSA PARA INTEGRAR EL DELITO. La fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación prevé el supuesto de defraudación fiscal, consistente en consignar en las declaraciones que se presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes; en esta hipótesis, debe considerarse que las deducciones son las partidas que la ley fiscal permite se resten al ingreso acumulable, para que se integre la base gravable sobre la cual se va a enterar el impuesto. Ahora bien, el Código Fiscal no determina lo que debe entenderse por deducciones falsas, por lo cual, para evitar la incertidumbre jurídica y con base en la definición expresada, por éstas debe estimarse que serán única y exclusivamente aquellas que se refieren a operaciones inexistentes o simuladas y que pretendan ampararse con documentos falsos o con documentos expedidos por personas físicas o morales, cuya existencia no pueda demostrarse fehacientemente. En este sentido, la sanción penal sólo se aplicará a quienes efectiva y deliberadamente lleven a cabo maquinaciones o artificios con ánimo de dolo y con el único objeto de eludir o disminuir las cargas tributarias que legalmente les correspondan, ya que de no ser así, al igual que en el caso de los ingresos omitidos, cualquier deducción, así derive de meros problemas interpretativos de la ley aplicable, que sea rechazada por las autoridades fiscales, corre el riesgo de ser calificada de “falsa” y que el contribuyente pueda ser acusado de la comisión de un delito fiscal. Atendiendo a lo antes expuesto debe estimarse que en el supuesto de que el contribuyente en su declaración fiscal mencione haber enterado pagos provisionales, cuando en realidad no los efectuó, esta conducta no puede considerarse que configure el delito en cuestión, toda vez que estos pagos, lejos de ser una cantidad que disminuya la base gravable, la conforman en su monto con inclusión de esos pagos, dado que realmente constituye el impuesto que se ha pagado parcialmente, pagos provisionales que en atención a su naturaleza constituyen propiamente contribuciones; sin embargo, lo antes descrito puede configurar un delito diverso previsto en el código en comento.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1246/2002. 21 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Rangel del Valle, secretaria de tribunal autorizada en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza.

 

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXI, Marzo de 2005

Página: 1107

DEFRAUDACIÓN FISCAL. SE ACTUALIZA ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2002, Y NO EL QUE PREVÉ EL DIVERSO ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, CUANDO EL CONTRIBUYENTE AL PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL POR CORRECCIÓN ACREDITÓ UN SALDO A FAVOR QUE NO LE CORRESPONDÍA. El artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año dos mil dos, establecía que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes; mientras que el diverso artículo 108, primer párrafo, disponía que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal; por lo que si en el caso, la conducta atribuida al indiciado consiste en que en representación de la empresa contribuyente presentó una declaración anual por corrección, en la que acreditó un saldo a favor que no le correspondía a ésta, con lo cual omitió totalmente el pago del impuesto al valor agregado y obtuvo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal; su conducta se ubica en la hipótesis prevista en el citado artículo 108 y no en la establecida en el diverso artículo 109, fracción I, pues aun cuando los hechos que se le atribuyen derivan de la presentación de una declaración de impuestos conforme lo exige este último precepto, no se acredita la existencia de los diversos elementos que se exigen, ya que los hechos no encuadran en la figura de una deducción falsa, menos aún en la de haber declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados, si se tiene en cuenta que las deducciones son aquellas partidas que la ley permite restar de los ingresos acumulables del contribuyente, para así conformar la base gravable sobre la cual el impuesto se paga, esto es, son los conceptos que el legislador considera intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente, las cuales deben cumplir con determinadas formalidades, mientras que los ingresos acumulables, como su nombre lo indica, se obtienen de la suma de la totalidad de los ingresos acumulables del contribuyente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 133/2004. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 83, tesis 1a./J. 38/2003, de rubro: “FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DEL PROPIO CÓDIGO.”

 

 II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Octava época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XII, Agosto de 1993

Página: 404

DEFRAUDACION FISCAL, DELITO DE. LA CORRECCION AUTORIZADA POR EL CODIGO TRIBUTARIO NO EXIME DE RESPONSABILIDAD AL INFRACTOR. Aun cuando el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación autoriza al contribuyente a corregir su situación fiscal, mediante la presentación de una forma de corrección y no obstante que se hubieran pagado los impuestos omitidos, ello resulta independiente de la responsabilidad penal en que se incurra, puesto que la corrección entraña una garantía para regularizar la situación fiscal, con independencia de la situación penal que pudiera fincarse al haber sido descubierta ésta, según se desprende de los artículos 70 y 94 del propio ordenamiento legal en cita.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 318/93. Luis Pérez Aguilar. 9 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Carrasco.

 

UN PROBLEMA DE REDACCIÓN GRAMATICAL GRAVE EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA, RESPECTO DE LA OMISIÓN DE ENTERAR A LAS AUTORIDADES FISCALES, LAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS O RECAUDADAS POR LOS CONTRIBUYENTES. 

 El artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece:

 

“Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: 

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.”.

 

Por su parte, el artículo 108, sexto párrafo, inciso e), del propio ordenamiento dispone:

 

“El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código, serán calificados cuando se originen por: 

          e) Omitir contribuciones retenidas recaudadas o trasladadas .”.

En este segundo numeral – artículo 108 inciso e) -, encontramos el verbo ” omitir ” sin complemento, < omitir…qué >, ( enterar ) las contribuciones, pero no lo dice. Asī  que el enunciado y sus consecuencias resultan inseguras para cimentar una acción de carácter penal por defraudación fiscal calificada,  originada por la omisión de enterar a las autoridades fiscales, las contribuciones retenidas, recaudadas  o trasladadas a los contribuyentes; no obstante, en auxilio de su deficiente redacción, el Sexto  Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, acudió en auxilio, estableciendo una interpretación gramatical para dar complemento al verbo ” omitir ” y emitió la tesis aislada que enseguida presento: 

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXII, Septiembre de 2005

Página: 1446

DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA MODIFICATIVA DEL DELITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 108, SEXTO PÁRRAFO, INCISO E), EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 109, FRACCIÓN II, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE INTERPRETARSE DE MANERA TELEOLÓGICA, ARMÓNICA Y SISTEMÁTICA. El artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece: “Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: … II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.”. Por su parte, el artículo 108, sexto párrafo, inciso e), del propio ordenamiento dispone: “El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código, serán calificados cuando se originen por: … e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.”. De la simple lectura de la circunstancia modificativa del tipo penal se advierte que ésta se origina por omitir contribuciones retenidas o recaudadas, mientras que el tipo penal se actualiza por haber retenido o recaudado contribuciones y no enterarlas al fisco federal dentro de los plazos de ley. De lo anterior se aprecia, que la redacción del inciso e) del artículo 108 del código en cita, desde un punto de vista gramatical, no es del todo correcta por el uso indebido, en un primer plano, del verbo “omitir”, sin estar complementado para que cobre función lingüística. Sin embargo, tratándose de una norma que complementa a otra, no puede examinarse una prescindiendo de la otra, tampoco puede soslayarse el contexto normativo al que pertenecen y desde luego, al espíritu del legislador al crear la circunstancia modificativa. Así, la interpretación gramatical se ve superada por la sistemática, armónica y teleológica que tiene en consideración la configuración del tipo penal, la inclusión de la modificativa para los delitos previstos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación y los documentos del proceso legislativo que le dieron origen, de los que se desprende que se estableció este nuevo supuesto de calificación del delito de defraudación fiscal y conductas que se le asimilan, cuando los contribuyentes realicen la conducta delictiva respecto de contribuciones retenidas o recaudadas, ya que ello, por sí solo, revela la intención dolosa del sujeto activo y debe ser más reprochable, pues lesiona gravemente al fisco federal. En este sentido, el legislador tomó en consideración una situación específica que rodea a la realización del hecho y que supone especiales condiciones del autor, que deben determinar la modulación de la pena aplicable, por la apreciación de la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor; así, atendiendo a una graduación de determinados elementos del delito y al principio de proporcionalidad de las penas respecto del marco genérico, tomó en consideración elementos objetivos y subjetivos que modulan el injusto y la culpabilidad. Por lo anterior, debe considerarse, por una parte, que la circunstancia modificativa al tomar en cuenta la naturaleza de la contribución, va dirigida al objeto mismo sobre el que recae la acción u omisión de que trate el tipo penal y, por otra la calificativa se actualiza en cualquiera de las conductas delictivas previstas en los preceptos mencionados y cobrará aplicación, siempre y cuando la acción u omisión recaiga en contribuciones retenidas o recaudadas.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2146/2004. 30 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretaria: Sonia Hernández Orozco.

 

 

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.

 

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Octava época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XII, Agosto de 1993

Página: 404

DEFRAUDACION FISCAL, DELITO DE. LA CORRECCION AUTORIZADA POR EL CODIGO TRIBUTARIO NO EXIME DE RESPONSABILIDAD AL INFRACTOR. Aun cuando el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación autoriza al contribuyente a corregir su situación fiscal, mediante la presentación de una forma de corrección y no obstante que se hubieran pagado los impuestos omitidos, ello resulta independiente de la responsabilidad penal en que se incurra, puesto que la corrección entraña una garantía para regularizar la situación fiscal, con independencia de la situación penal que pudiera fincarse al haber sido descubierta ésta, según se desprende de los artículos 70 y 94 del propio ordenamiento legal en cita.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 318/93. Luis Pérez Aguilar. 9 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Carrasco.

 

 

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IX, Mayo de 1999

Página: 1003

DEFRAUDACIÓN FISCAL, LA CONDUCTA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 109 FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE SUBSUME EN LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 108 DEL MISMO ORDENAMIENTO. De la lectura de los artículos 108 y 109 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el primero describe el delito de defraudación fiscal como la omisión total o parcial del pago de contribuciones para obtener un beneficio indebido, en perjuicio del fisco federal, utilizando el engaño o aprovechando el error del pasivo, y en el segundo de los preceptos aludidos se contempla como tipo equiparado a la defraudación fiscal la ejecución de dos o más actos relacionados entre sí, con el único propósito de obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco. Luego, si el activo empleando maniobras engañosas en dos declaraciones fiscales obtuvo un beneficio indebido en perjuicio de la hacienda pública, es claro, que se actualizó la hipótesis contenida en el citado artículo 108, y la repetición de dichas conductas engañosas quedan subsumidas en él, y no de manera autónoma en la fracción IV del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, pues de lo contrario se recalificaría el proceder engañoso.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 475/98. Luis Carlos Suárez Márquez. 16 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

 

V. Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, las  declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

 

Respecto de esta fracción V, cabe comentar que por reforma al precepto se estableció  cuál es el tipo de declaraciones a que se refiere el tipo penal, – las que tengan carácter  de definitivas -, ya que se presentaba la redacción imprecisa, ambigua y abierta ya que el precepto mencionaba ” a quien omita presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente “, y una vez más el Poder Judicial acudió en auxilio: 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXVI, Octubre de 2007

Página: 187

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. Conforme a dicha garantía, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que un hecho sea considerado como delito debe estar descrito expresamente como tal en una ley en la que se establezca la pena a la que se hace acreedor quien lo ejecuta dentro de los supuestos establecidos en el ordenamiento respectivo, el cual debe conformarse por elementos, características o referencias claros, precisos y exactos, es decir, la mencionada garantía constitucional atiende a la integración de la norma punitiva, concretamente en cuanto a su descripción típica, la previsión de su pena y su aplicación. En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, al disponer que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quien omita presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley penal, ya que no se trata de un tipo abierto, pues detalla claramente la conducta considerada ilícita y, por tanto, el destinatario de la norma puede saber con precisión qué es lo que está prohibido; de ahí que no existe aplicación analógica de la norma y ésta cumple con las exigencias constitucionales, pues no tiene que recurrirse a otros ordenamientos para definir al hecho como delictivo, sino que en la descripción legal se encuentra la esencia de lo que pretende evitarse. Así, como toda disposición normativa que instituye una omisión como tipo penal, en su configuración subyace la existencia de una norma preceptiva que impele al sujeto activo a actuar en determinado sentido, en el caso, a que el contribuyente presente la declaración de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales correspondientes, sin exceder doce meses, y pagar la contribución respectiva.

Amparo directo en revisión 919/2007. 8 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos  Morfín.

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IV, Diciembre de 1996

Página: 385

DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS ELEMENTOS CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCION LA REVISION DEL CREDITO FISCAL. Los elementos típicos del delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, son: a) Que se omita presentar por más de seis meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales; y b) Que por esta omisión se deje de pagar la contribución correspondiente. Ahora bien, de la descripción anotada se desprende que para que se colme a cabalidad el segundo de dichos supuestos, es menester demostrar en forma fehaciente que el contribuyente realmente tiene la obligación fiscal que se le reclama, pero tal elemento no se actualiza cuando impugna oportunamente la resolución que determinó el crédito fiscal por el ejercicio revisado y, al formularse la querella respectiva, la reclamación se encuentra pendiente de resolver, pues en tal supuesto, ante el desconocimiento de la existencia de la obligación tributaria del reo, no puede determinarse si el segundo de los elementos indicados se encuentra acreditado o no.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 412/96. Roberto Borge Martín. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñones.

 

 VI. (Se deroga)

 

VII. (Se deroga)

 

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

 

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXII, Septiembre de 2005

Página: 1445

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI EL CONTRIBUYENTE INFORMA A LA AUTORIDAD FISCAL LA OMISIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, INCLUSO INDETERMINADAS, Y PROPONE CUBRIRLAS MEDIANTE DACIÓN EN PAGO, PERO ANTES DE REALIZARLO, DICHA AUTORIDAD EMITE Y LE NOTIFICA UNA ORDEN DE VISITA CON MOTIVO DE TAL INFORMACIÓN. El artículo 109, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece: “No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra su omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.”. De dicho precepto se desprende que para que no se formule querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en alguno de los supuestos delictivos descritos en el propio numeral, se requiere del pago espontáneo de la contribución omitida con sus recargos o del beneficio indebido, antes de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: a) que la autoridad fiscal descubra la omisión o perjuicio; b) que medie requerimiento; c) que medie orden de visita o; d) que medie cualquier gestión notificada por la autoridad fiscal, cuya finalidad sea la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Así, el entero espontáneo implica el pago de la contribución y sus recargos, por lo que la circunstancia de que el contribuyente informe o comunique a la autoridad fiscal la omisión del pago de contribuciones, incluso, indeterminadas y le proponga cubrirlas mediante dación en pago, no equivale al pago espontáneo de la contribución específica de que se trate con sus recargos. En este sentido, si con motivo de dicha información la autoridad fiscal inicia sus facultades fiscalizadoras emitiendo y notificando una orden de visita y después de ello el contribuyente realiza el pago de la contribución y sus recargos, no puede considerarse que se actualice la excepción prevista en la parte final del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, pues existió y se notificó, antes del pago, una orden de visita con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en su caso, lograr el entero de las contribuciones y sus recargos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2146/2004. 30 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretaria: Sonia Hernández Orozco.

LAS AUTORIDADES FISCALES PODRÁN EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE MANERA CONJUNTA, INDISTINTA, O SUCESIVAMENTE , ENTENDIÉNDOSE QUE SE INICIAN CON EL PRIMER ACTO QUE SE NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE. 

Artículo 42 CFF

Es importante destacar que tratándose de revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas, opera la regla siguiente: 

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones ll, lll, y l X de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en su caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al levantamiento de la última acta parcial , del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónica, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado –

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Octubre de 2001

Página: 1109

DEFRAUDACIÓN FISCAL. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA INDAGACIÓN PENAL SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-COACTIVO. El criterio reiterado por nuestro más Alto Tribunal, en el sentido de que la instrumentación de los procedimientos económico-coactivos no impide a la autoridad fiscal ejercer, conjunta o alternadamente, las acciones penales que deriven de la defraudación fiscal, no obsta para exigir que ello se dé sólo cuando con los elementos que se aporten a dichos procedimientos se acredite que el causante obró mediante engaño para obtener un beneficio indebido o para omitir el pago de sus contribuciones, o que, aun no mediando engaño, pudo pagar y no lo hizo, o bien, que se ha comportado habitualmente como un causante moroso, pues se debe acreditar, aun presuntivamente, el dolo que, para darse, debe proyectar todo ilícito no culposo, ya que si bien, en principio, puede considerarse un ilícito el hecho de que un causante omita presentar dentro del plazo legal su declaración de impuestos o el pago de los mismos, sin embargo, no siempre se debe entender que ello configura el ilícito penal que nos ocupa, ya que resulta manifiesto que no es, la penal, la vía primaria a través de la cual el Estado debe pugnar por recaudar los impuestos que corresponde cubrir a los causantes, dado que ello auspiciaría una actitud confiscatoria, no sólo de los bienes de los causantes, sino de su libertad, provocando un ambiente de franca alteración del principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de derecho. Y si bien es prioridad del Estado el propiciar que le ingresen los créditos fiscales en que se apoya el desarrollo de los fines sociales que tiene encomendados y que, por lo mismo, tal cuestión proyecta un orden público cuyo resguardo no puede quedar al arbitrio de los gobernados, sin embargo, también de orden público se proyecta, y en una mayor dimensión, el resguardo, por el Estado, de las garantías de seguridad jurídica que requiere la población para ser eficaz receptora de los beneficios de la debida actuación del gobierno, lo cual no se dará de auspiciarse en la actividad exactora una vía inquisitoria y confiscatoria sobrepuesta a la viabilidad de ejercer procedimientos administrativos que, al no provocar la privación primaria de la libertad del causante moroso, le permite seguir teniendo oportunidad de obtener los medios económicos para cumplir con el pago de sus contribuciones, lo que, en primera y última instancia, debe ser la finalidad sustancial de la autoridad exactora.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 196/2001. 29 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: Karla Gisel Martínez Martínez.

 

OTRA DE LAS INTERROGANTES ES SI UNA SENTENCIA DE NULIDAD PRONUNCIADA POR EL ÓRGANO COMPETENTE ES SUFICIENTE PARA IMPEDIR SE CONTINÚE CON LA CAUSA PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL O SU EQUIPARABLE, INTERROGANTE QUE ABORDA LA TESIS  AISLADA SIGUIENTE 

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Octava época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV, Febrero de 1995

Página: 147

DEFRAUDACION FISCAL. NULIDAD DE LA RESOLUCION QUE DETERMINA EL CREDITO FISCAL, INSUFICIENTE PARA DESVANECER LOS DATOS EN LA CAUSA PENAL INSTRUIDA EN CONTRA DEL QUEJOSO POR EL DELITO DE. El hecho de que una Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, declare la nulidad del crédito fiscal determinado a cargo de una persona moral, es insuficiente para que el juez que conoce de la causa penal que se sigue en contra de su representante legal, por el delito de defraudación fiscal previsto y sancionado por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, declare probado el incidente de desvanecimiento de datos, promovido por el inculpado con apoyo únicamente en aquella resolución; máxime si la nulidad se hizo depender de una violación formal, pues ello implica que la reposición del procedimiento de comprobación fiscal ordenada, es sólo para determinados efectos; y sobre todo si el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, se apoyó en diversos datos que demuestran la conducta delictiva de referencia. Asimismo, porque la citada disposición no establece como elemento del delito de defraudación fiscal, la existencia de una determinación del crédito fiscal en cantidad líquida, sino que señala que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 461/94. Jorge Galdino Niño de Rivera Velázquez. 22 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Nota: Por ejecutoria de fecha 13 de junio de 2000, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 20/98 en que había participado el presente criterio.

 

DEBERA TOMARSE EN CUENTA QUE EL CONTENIDO DE LAS ACTAS PARCIALES SI PUEDEN SERVIR PARA ACREDITAR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. 

 

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Página: 954

INFORMACION PROPORCIONADA POR UN TERCERO A LOS VISITADORES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. ES VALIDO BASARSE EN ELLA, PARA DICTAR UN AUTO DE FORMAL PRISION POR EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y los tribunales gozan de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes aunque no se mencionen en la ley, siempre y cuando dichos medios no sean contrarios a derecho, por lo que si en el auto de formal prisión el Juez responsable se basó en la información dada por un tercero a través de documentos proporcionados a los visitadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichas pruebas sí son aptas para acreditar el tipo penal de defraudación fiscal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 332/95. Antonio Rosette López. 10 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

 

 

IMPORTANTE CUESTIONAMIENTO ES EL RELATIVO A QUE SI LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE FORMULAR SU QUERELLA SIN ANTES HABER CONCLUIDO LA REVISIÓN FISCAL QUE EN SU CASO SE HAYA INICIADO, Y MÁS AÚN SIN ANTES HABER INFORMADO AL CONTRIBUYENTE DE SU PRECEDER EN LA VÍA PENAL FISCAL. 

Veamos dos jurisprudencias por contradicción de tesis, de la novena época, emanadas del pleno del máximo tribunal: Tesis P/J. 92/2000, y la tesis P/J. 130/2000, ambas relacionadas en su contenido por cuanto que aducen a la facultad de la autoridad hacendaria para querellarse ante el Ministerio Público por la posible comisión de delitos fiscales descubiertos con motivo de la practica de una visita de revisión fiscal y que por su importancia se han traído al tema:

 

No. Registro: 191,108

Jurisprudencia

Materia(s): Penal

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XII, Septiembre de 2000

Tesis: P./J. 92/2000

Página: 6

DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE COMISIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de mil novecientos noventa y cinco, para proceder penalmente por la comisión de un delito fiscal, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella, tratándose, entre otros, del delito de defraudación fiscal. La investigación y persecución del delito, por mandato del artículo 21 constitucional, incumbe al Ministerio Público, y la sanción de éste, mediante la imposición de penas, a la autoridad judicial. Así, el único órgano facultado para investigar y perseguir la comisión de un delito fiscal es el Ministerio Público Federal, al que podrá coadyuvar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos y límites que marcan las leyes; correspondiendo a esta última el deber de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en su caso, denunciar la posible comisión de un ilícito. De ahí que, si durante la práctica de una auditoría conoció los hechos probablemente constitutivos del ilícito, puede, de manera inmediata, presentar la querella respectiva, sin importar el estado que guarde la visita de inspección, ya que en el procedimiento que habrá de iniciarse, el Ministerio Público Federal realizará las investigaciones conducentes, a fin de establecer si existe o no el delito denunciado, dando al contribuyente la oportunidad de defenderse.

Contradicción de tesis 10/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de junio de 2000. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número 92/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 10, tesis P./J. 130/2000, de rubro “DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE.”.

 

 

No. Registro: 190,716

Jurisprudencia

Materia(s): Penal

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XII, Diciembre de 2000

Tesis: P./J. 130/2000

Página: 10

DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y cinco, para proceder penalmente por la posible comisión de un delito fiscal, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella, tratándose, entre otros, de los hechos que implican la probable comisión del delito de defraudación fiscal, también lo es que si durante la práctica de una visita de inspección, la citada dependencia tiene conocimiento de hechos que pueden configurar esa conducta delictiva, aquélla podrá presentar la querella respectiva sin necesidad de escuchar previamente al visitado, pues si en términos de lo previsto en el artículo 21 constitucional compete al Ministerio Público Federal la persecución de los delitos, y a la autoridad judicial, su sanción mediante la imposición de las penas, resulta inconcuso que la autoridad hacendaria no tiene el deber de brindar al particular, antes de la formulación de la querella, la posibilidad de desplegar su defensa, ofreciendo pruebas que desvirtúen los hechos en que se funde, pues ante ella no se resolverá sobre la existencia o no del ilícito.

Contradicción de tesis 10/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de junio de 2000. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 130/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 6, tesis P./J. 92/2000, de rubro “DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE COMISIÓN.”.

 

Pero no debe pasar inadvertido que ambas expresan:

a) El reconocimiento expreso del más alto tribunal de la Nación sobre la función única y exclusiva del Ministerio Público Federal como órgano facultado para investigar y perseguir la comisión de delitos. – facultad que no es respetada por el artículo 42 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, ya que las autoridades fiscales por ningún motivo pueden comprobar la comisión de delitos – 

 b) Que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el deber de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. (no de comprobar delitos como lo dice el párrafo primero del art. 42 del CFF)

c) Que los hechos conocidos por la mencionada Secretaría durante una revisión fiscal solo deben presentarse como posibilidad de la comisión de delitos (nunca como hechos probados)

d) Y que ninguna de las dos tesis de jurisprudencia ni admiten ni niegan la procedencia de la querella tratándose de resoluciones que se impugnaron oportunamente.

 

LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA CUANDO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL.

 

Dos ideas importantísimas quedan por comentar respecto de la querella; la primera relacionada con la forma de describir los hechos que se estiman delictivos, puesto que no deben calificarse anticipadamente por la parte querellante, lo que conduce a  que la calificativa será materia de estudio y decisión del juez penal que conozca del asunto.

 

La segunda con respecto a lo establecido en el artículo 92 fracción I del Código Fiscal de la Federación, se comenta que si bien es cierto se ha dicho que el procedimiento penal derivado de la práctica de una visita domiciliaria es autónomo e independiente del procedimiento administrativo de revisión fiscal y que por ello pueden caminar ambos en cuerdas separadas y llegar a sus consecuencias, también lo es que de conformidad con las tesis aisladas pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación es de aceptarse que los elementos de la defraudación fiscal equiparada no se acreditan cuando se impugna oportunamente la resolución que determino el crédito fiscal, y esta es la gran diferencia con el contenido de las tésis P/J 92/2000 Y P/J 130/2000 que ya fueron expuestas.

 

Tesis aislada Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IV, Diciembre de 1996 Tesis: XIV.2o.44 P Página: 385

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS ELEMENTOS CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN LA REVISIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. Los elementos típicos del delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, son: a) Que se omita presentar por más de seis meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales; y b) Que por esta omisión se deje de pagar la contribución correspondiente. Ahora bien, de la descripción anotada se desprende que para que se colme a cabalidad el segundo de dichos supuestos, es menester demostrar en forma fehaciente que el contribuyente realmente tiene la obligación fiscal que se le reclama, pero tal elemento no se actualiza cuando se impugna oportunamente la resolución que determinó el crédito fiscal por el ejercicio revisado y, al formularse la querella respectiva, la reclamación se encuentra pendiente de resolver, pues en tal supuesto, ante el desconocimiento de la existencia de la obligación tributaria del reo, no puede determinarse si el segundo de los elementos indicados se encuentra acreditado o no.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 412/96. Roberto Borge Martín. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñones.

 

También es aplicable al caso la conclusión alcanzada en la siguiente tesis aislada:

 

No. Registro: 196,180

Tesis aislada

Materia(s): Penal

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VII, Junio de 1998

Tesis: I.1o.P.41 P

Página: 703

RESOLUCIONES FISCALES RESPECTO DE LAS QUE AÚN SE ENCUENTRA PENDIENTE UN RECURSO, NO SON IDÓNEAS PARA SUSTENTAR UNA QUERELLA. Tratándose de una resolución administrativa en materia fiscal, en la que se finca un crédito por omisión de impuestos, es menester que haya causado estado para que pueda erigirse válidamente como un medio probatorio, en el ámbito penal y sustento de la querella respectiva, pues si la ley administrativa, la cual el Juez Penal debe respetar, prevé en ese procedimiento una serie de formalidades tendentes a que el causante pueda hacer uso de su derecho a la defensa, es evidente que debe haberse agotado el referido procedimiento al menos en la vía ordinaria. De ahí que si una resolución de la aludida autoridad fiscal que finca un crédito, por omisión de impuestos al causante, aún no ha causado estado por encontrarse pendiente de resolverse el recurso respectivo intentado por ese causante, o por no haber transcurrido todavía el término que la ley de la materia concede para la interposición de tal recurso, es claro que tal resolución aún no es idónea para invocarla como medio de prueba para establecer que el causante ha omitido el pago de sus impuestos correspondientes, pues considerar lo contrario equivaldría a conculcar la garantía de legalidad en agravio del causante. Lo anterior sin perjuicio de que el juzgador, llegado el caso, conserve su plena autonomía y jurisdicción para valorar la citada resolución administrativa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 777/97. Joaquín Castillo Becerra. 16 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretaria: Miriam Sonia Saucedo Estrella.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, tesis XIV.2o.44 P, página 385, de rubro: “DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS ELEMENTOS CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN LA REVISIÓN DEL CRÉDITO FISCAL.”.

 

  LA DEFRAUDACIÓN FISCAL YA NO SE CONSIDERA DELITO GRAVE EN EL NUEVO CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

El párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día  18 de junio del año de 2008, ordenó la creación del sistema penal acusatorio por lo que con fecha  5 de marzo del año de 2014, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales y meses después su reforma del  día viernes  17 de junio del año de 2016, presentando un nuevo catálogo de delitos graves y desincorporando  de esa categoría a la defraudación fiscal calificada, por lo que a partir del 18 de junio de 2016, día en que inició la vigencia en todo el país del nuevo ordenamiento procesal penal, este delito ya no se sanciona con tal agravante, motivo para realizar este análisis. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS QUE ESTABLECIERON LAS REGLAS DE SUSTANCIACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE CON MOTIVO DEL INICIO DE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

El artículo tercero transitorio del decreto de fecha 5 de marzo del año 2014 dispuso que: ” respecto de los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación  de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.” En concordancia, el decreto de reformas y adiciones  a diversas leyes, de fecha 17 de junio de 2016 estableció en su artículo segundo transitorio: ” Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen.”

LA CONFIGURACIÓN  DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA COMO DELITO GRAVE EN EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1934. 

Antecedentes: 

 El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934,  abrogado el día 18 de junio de 2016, establecía respecto del delito de defraudación fiscal lo siguiente: 

 Articulo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

. . .

Vl  Del Código Fiscal de la Federación, los delitos siguientes:

. . .

2) Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a que se refieren las fracciones ll o lll del artículo 108, exclusivamente cuando sean calificados.

 

CASOS DE PRISION PREVENTIVA OFICIOSA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo 167, Tercer Párrafo. 

” El juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prision preventiva oficiosamente en los casos de DELINCUENCIA ORGANIZADA, HOMICIDIO DOLOSO, VIOLACION, SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS, así como los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que amerita prisión preventiva oficiosa. 

de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

DELITOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE AMERITAN PRISION OFICIOSA

Quinto párrafo del articulo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

 

I.​Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

 

II.​Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

 

III.​Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

 

IV.​Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

 

V.​Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

 

VI.​Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

 

VII.​Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

 

VIII.​Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

 

IX.​Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

 

X.​Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

 

XI.​Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

 

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

< De tal manera que como hemos visto, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como tampoco el Código Penal Federal contemplan en su catálogo de delitos que AMERITAN PRISION OFICIOSA AL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL; y tampoco  le atribuye  el carácter de delito grave la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud > esto indudablemente que presenta efectos jurídicos muy importantes para aquellas personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad personal porque se les negó la libertad bajo caución ya que según disponía el anterior Código Federal de Procedimientos Penales, en los delitos graves no se podía otorgar este beneficio, pero según opinión personal, si es posible solicitar la revisión de la medida cautelar a fin de que el juez de la causa pueda concederla en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

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