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MODELO DE AGRAVIÓ PENAL-FISCAL UTILIZANDO COMO ESTRATEGIA “LA DUDA RAZONABLE”

Publicado el 07 Oct a las 13:04h

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andres mateos satiago busto Por: Lic. Andrés Mateos Santiago –  El Fiscalista de México

 

El gran diamante de la defensa penal fiscal en el nuevo procedimiento penal acusatorio se llama “Duda razonable”El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la necesidad de la certeza jurídica sobre la culpabilidad del imputado como condición estricta para que el tribunal de enjuiciamiento pueda  dictar  una sentencia de condenay ante la duda lo que procede será absolver al acusado. 

EL AGRAVIO DE LA DUDA RAZONABLE. 

Un ejemplo con datos hipotético de la forma de redactar el agravio alegando en beneficio de la duda: 

El presente agravio lo hago valer en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de septiembre del año de dos mil dieciséis, derivada de la causa penal 027/-2-2016, llevada en mi contra por el delito de defraudación fiscal equiparada y de la cual resultó que el Tribunal de enjuiciamiento con sede en la Ciudad de Puebla, tuvo por acreditada la responsabilidad penal del ahora recurrente, en mi carácter de representante legal de la contribuyente enjuiciada, imponiendo una pena corporal de tres años de prisión, la que resulta ilegal y viola las reglas del debido procedimiento al no haberse configurado la demostración plena de los elementos de cargo y convicción de la culpabilidad en el fallo emitido, y transgrediendo así en mi perjuicio el beneficio de ” la duda razonable” a que tengo derecho según expresan los artículos: 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 359, 402 párrafo tercero, 406 párrafo sexto, del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el país, y aplicando indebidamente los artículos 108 fracción lll, y 109 fracción ll, en relación con el 95 fracción ll del Código Fiscal Federal, de cuyo articulado ha resultado la sentencia cuestionada a través del presente recurso de apelación.

Es necesario acudir a la raíz latina e interpretativa sobre el significado de la duda: La palabra, como tal, deriva del verbo dudar, que a su vez procede del latín dubitare, que significa ‘vacilar; por lo tanto la duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones; o la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos y noticias. La duda, en este sentido, supone la carencia de certezas en el pensamiento o las acciones. Así que la duda puede afectar las decisiones, la confianza y el juicio de una persona. La duda razonable, en el derecho penal supone la absolución de responsabilidad penal al acusado de un delito debido a que no existe plena prueba de su culpabilidad, el Tribunal de enjuiciamiento debe conceder el beneficio de la duda. La duda razonable se basa en el principio de la presunción de inocencia a que tienen derecho todas las personas, de modo que para declarar la culpabilidad de una persona debe probarse, más allá de toda duda razonable tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en todo el país a partir del día 18 de juniodel año en curso, y que en el contexto de su articulado establece: ” El tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio de que la carga d la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate” (Párrafo 6to del art. 406 CNPP)

Del contenido e interpretación de los numerales señalados como violados en el párrafo anterior, en su conjunto se desprende, que una condición necesaria para que el tribunal de enjuiciamiento pudiera resolver la causa penal condenando al acusado, es la convicción plena de la culpabilidad más allá de toda duda razonable, bajo el principio de que la carga de la prueba corresponde a quien acusa y ante la duda lo procedente es declarar inocente al imputado; no puede pasarse por alto que la duda siempre debe favorecer al acusado, este es un principio jurídico esencial de la materia procesal penal y vigente al momento de dictarse la resolución que hoy recurro, según se desprende del contenido de los artículos siguientes:

“Nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado.” (Párrafo tercero art. 402 CNPP)

“Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado ” (Art. 359 CNPP)

“El tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate” (Párrafo 6to del art. 406 CNPP)

Así que no queda ninguna duda en que la sentencia de condena debe obedecer a la convicción plena de la responsabilidad del acusado en una causa penal, y que ante la duda razonable lo procedente es dictar un fallo absolviendo al enjuiciado; Ahora bien, la demostración de la culpabilidad debe tener sustento probatorio suficiente que no deje ninguna duda sobre la responsabilidad penal de la parte acusada, corresponde entonces a la parte querellante la aportación del material probatorio y al órgano jurisdiccional asignar libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba en base a la apreciación conjunta, integral y armónica, de donde debe surgir la plena convicción de culpabilidad, sin que exista duda sobre la culpabilidad, y debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Así lo ha considerado también la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis de Jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.) relativa a la consideración de la duda razonable en favor del acusado.

Época: Décima Época

Registro: 2011871

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 17 de junio de 2016 10:17 h

Materia(s): (Constitucional)

Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.)

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

PRIMERA SALA

Amparo directo 21/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo en revisión 4380/2013. 19 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo en revisión 3046/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Amparo directo en revisión 5601/2014. 17 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

Tesis de jurisprudencia 28/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de junio de dos mil dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Ahora bien, de los elementos de prueba aportados por la Procuraduría Fiscal de la Federación órgano dependiente del Servicio de Administración Tributaria, los que sustentaron la querella en mi contra como presunto responsable del delito de defraudación fiscal equiparada prevista en el artículo 109 fracción ll y sancionada por la fracción lll del artículo 108 del Código Fiscal Federal, tenemos que se refieren concretamente a las pruebas documentales obtenidas de la revisión fiscal de fecha 4 de enero de 2015, practicada a mi representada la contribuyente “. SA de CV ” , y llevada a cabo por personal de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria , de la Ciudad de Tampico, misma que concluyó con la determinación de crédito fiscal y la supuesta comisión del delito fiscal antes referido. Así que en su oportunidad, el juez de control que conoció de los registros probatorios, tuvo a bien los antecedentes y elementos de prueba aportados que sirvieron como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y con posterioridad para que el Tribunal de enjuiciamiento resolviera la sentencia condenatoria que por este medio estoy recurriendo en apelación , dado que no estoy de acuerdo con el dictado ni el sentido del fallo que me declara culpable del delito de defraudación fiscal equiparada sin que existiera absoluta convicción de la comisión y responsabilidad del mismo.

El Tribunal de enjuiciamiento está obligado a analizar y decidir en derecho sobre las cuestiones esenciales del proceso, la demostración plena de la acusación y la responsabilidad del acusado; todo ello en base a la valoración de las pruebas, las que debieron ser analizadas libre y lógicamente, justificando el valor otorgado y la manera clara y precisa en que sirvieron para tener por acreditada la plena responsabilidad penal de la parte acusada, sin que mediara duda al respecto y ante la duda, debió dictarse una resolución definitiva en favor del suscrito hoy apelante.

 

La carpeta probatoria analizada por el tribunal de enjuiciamiento se refiere a la revisión de las obligaciones fiscales de mi representada, de donde derivaron observaciones subjetivas de las autoridades fiscales que a su juicio acreditaron el delito fiscal de que se trata, pero debe tomarse en cuenta que dicha revisión fiscal se llevó a cabo con un tercero de la contribuyente, consta así en los diversos folios relativos al levantamiento de todas las actuaciones fiscales, nunca se entendieron las diligencias con el suscrito representante legal y mucho menos existió aceptación ni consentimiento con el contenido de las actas parciales y resoluciones del procedimiento fiscalizador llevado a cabo a mi representada; tampoco quedó acreditada mi culpabilidad en el presente juicio puesto que según constancia de hechos, fui llamado a declarar e interrogado tanto por la fiscalía especializada en delitos fiscales, como mi abogado defensor sobre las imputaciones hechas en mi contra como probable responsable del delito fiscal, resultando que en ningún momento acepte mi responsabilidad en la participación, planeación, propósito, engaño, comisión o cualquier otra modalidad de culpabilidad tal como era necesario quedara demostrada para dictar sentencia de condena; la resolución administrativa que fincó el crédito fiscal fue impugnada mediante juicio contencioso administrativo en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y está pendiente su resolución, luego entonces no se cumplieron los elementos indispensables de la demostración plena de la culpabilidad de que se trata.

La parte acusadora sostuvo en la secuela procesal que se realizó el delito de defraudación fiscal equiparada y que debido a que ostento el cargo de representante legal de la contribuyente, es que resulto responsable penalmente, circunstancia que argumenta quedó demostrada con el acta constitutiva en donde consta el nombramiento, así como documentales referente al manejo de la firma electrónica avanzada y registros de obligaciones de carácter tributario, estados de cuenta bancario y constancias sobre el procedimiento de revisión fiscal practicado a la contribuyente; no obstante el hecho de que tenga el cargo de representante legal, y en efecto haya tramitado la firma electrónica para trámites fiscales, así como también sea titular de las cuentas bancarias de donde derivaron los estados de cuenta analizados, no significa de ningún modo mi responsabilidad penal en la comisión del delito, ya que la representación legal es un cargo que deriva para efectos societarios de la propia ley general de sociedades mercantiles y para efectos del funcionamiento y operación de la sociedad es necesario designar a la persona que lleva tal representación , pero ello en nada sirve para tenerlo como responsable directo penalmente si es que no se demuestra la comisión del delito y su participación en el mismo; insisto en que no quedó demostrada concretamente la manera directa de la participación en el delito fiscal, no existió aceptación expresa de mi parte en la realización de los elementos punitivos del delito, y en consecuencia de ninguna manera quedó acreditada la existencia del engaño o aprovechamiento del error como elementos constitutivos de la defraudación fiscal. Tan resulta cierta esta afirmación que lo que sí quedó demostrado en el juicio penal es que terceras personas realizaron los registros contables y la determinación de contribuciones a mi cargo, que las mismas son obligaciones que se encargan a un profesionista como resultó ser el contador público de la contribuyente que compareció a declarar como testigo de descargo y que dio testimonio de la veracidad de los registros y asientos contables, quedando a cargo de la parte querellante haber demostrado lo contrario pero no lo hizo, y más aún cuando la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal se encuentra actualmente subjudice en espera de su pronunciamiento definitivo; así es que no existen elementos suficientes de la demostración del delito fiscal y de la responsabilidad del suscrito en la comisión del mismo, siendo insuficiente derivar la responsabilidad objetiva por el mero nombramiento de representante legal que como he manifestado, obedece a un cargo de representación mercantil, para efectos de representación orgánica y funcional del ente societario que no puede señalarse para imputar la responsabilidad penal si es que no se demuestran los elementos suficientes de la responsabilidad objetiva. Es aplicable al presente agravio la tesis que enseguida cito:

DELITOS FISCALES. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL NO DERIVA PER SE DEL CARGO DE SOCIO, ADMINISTRADOR O APODERADO DE UNA PERSONA MORAL, SINO QUE ES NECESARIO DEMOSTRAR SU INTERVENCIÓN A TÍTULO DE AUTOR O PARTÍCIPE Y LA VINCULACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE SUS ACTOS EN LA COMISIÓN DE DICHOS ILÍCITOS.Tratándose de la perpetración de delitos de índole fiscal, el solo hecho de ser socio, administrador o apoderado de alguna persona moral resulta insuficiente para atribuirle responsabilidad penal, pues ésta no deriva per se del encargo u obligación que la Ley General de Sociedades Mercantiles le impone, sino que es necesario demostrar la intervención que tuvo a título de autor o partícipe de acuerdo con las hipótesis previstas por el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, es decir, cuáles fueron los actos que desplegó y que le vinculan directa o indirectamente en la comisión del delito, pues sólo de esta manera se cumple con los principios de nullum crime sine conducta y de exacta aplicación de la ley previstos en el artículo 14 de la constitución federal.

Tesis II2oP. 224 P. no. de registro 170529, novena época, segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 2770.

Así que una vez que ha quedado demostrada la ausencia de certeza sobre la responsabilidad objetiva del suscrito, y en base a la aplicación del beneficio de la duda razonable, solicitó de la manera más atenta tomar en consideración lo manifestado y ordenar dejar sin efectos la sentencia recurrida.

 

Estimados Lectores, esperamos que sea de gran utilidad la presente aportación .

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