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INEXISTENCIA DE OPERACIONES FISCALES

 

Publicado el 07 Oct a las 13:22h

Elaborado por: LC y LD Víctor Hugo González Martínez.
Licenciado en Derecho y Licenciado en Contaduría, autor de más de 200 artículos en Revistas Especializadas, Catedrático en la Escuela Bancaria y Comercial, Expositor en diversos colegios de contadores en el interior de la República. Autor del libro “Las Multas Fiscales y su impugnación” y “El Contador frente a una Revisión Fiscal” de Gasca sicco, ha participado en los programas de radio “Consultorio fiscal” de la UNAM y en TV programa “Fiscal.con” por canal 22. Litigante especialista en Materia Tributaria y Asesor de despachos de contadores.

En materia fiscal no deja de sorprender los criterios de los tribunales toda vez que muchas veces el juzgador únicamente se ciñe a la interpretación del expediente apartándose de la realidad o de la forma en que se hacen negocios. Resulta ser que hay muchas empresas intermediarias que no cuentan con inventarios, con infraestructura o con medios propios para hacer las transacciones de primera mano sino que subcontratan a otras o buscan proveedores que puedan surtir las mercancías en cuyo caso únicamente cobran un sobre precio, es decir, se trata de empresas “comercializadoras” a las cuales les facturas las mercancías y a su vez las refacturan en cuyo caso no gozan de inventarios por lo que su ganancia descansa en pasar de una mano a otra, de igual forma sucede con los servicios ya que no siempre el que hace el servicio es quien lo ofrece directamente sino que depende de una compañía que es especializada en la materia para hacerlo, con lo cual este tipo de operaciones se hacen de manera cotidiana, sin medir que ante una eventual revisión fiscal la autoridad pueda estimar que se trata de operaciones inexistentes.

En esta ocasión nos lleva a meditar el reciente criterio de un tribunal colegiado de la ciudad de Puebla que resolvió en el sentido de que le asiste la razón a la autoridad al considerar operaciones inexistentes toda vez que no se le aporto durante la auditoria constancia alguna del manejo de inventarios, ni tampoco se aporto a juicio documentación que soporte las operaciones sino que únicamente se llegó a la conclusión de que las facturas no son suficientes para hacer deducibles las compras por lo que esto deriva en el rechazo de deducciones para efectos de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto empresarial a tasa única.

Sintesis de la Ejecutoria a través de la cual el Tribunal considera que le asiste la razón al fisco:

“Como se observa, la Sala consideró que las facturas cumplen los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que se encontraban debidamente registradas en la contabilidad de la contribuyente revisada, que fueron suficientes para acreditar las operaciones de compraventa y que no existe disposición legal alguna que exija que en su contabilidad se deba registrar el almacenamiento y transporte de la mercancía comprada, ya que en nada le perjudica a la contribuyente revisada el no tener documentación referente al transporte y almacenamiento de mercancía, pues las facturas amparan las operaciones en cuestión, lo cual no es cierto, como se demuestra a continuación. De inicio, es inexacto que no exista disposición que exija que deba registrarse el almacenamiento de mercancía, porque si bien no se dice expresamente, ello deriva de su obligación de llevar un control de los inventarios de sus mercancías previsto en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que a la letra señala: “Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas: —…— IV. Llevarán un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados, según se trate, el cual consistirá en un registro que permita identificar por unidades, por productos, por concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las existencias al inicio y al final de cada ejercicio, de tales inventarios. Dentro del concepto se deberá indicar si se trata de devoluciones, enajenaciones, donaciones, destrucciones, entre otros.” En efecto, del artículo transcrito se advierte que las personas que estén obligadas a llevar contabilidad, deberán tener un control de sus inventarios de mercancías, el cual consistirá en un registro que permita identificar por unidades, productos, concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como su existencia al inicio y al final de cada ejercicio. Luego, fue incorrecto que la Sala estimara que no existe precepto legal que exija al contribuyente que en su contabilidad, registre el almacenamiento de la mercancía comprada, así como sus movimientos de entrada y salida.

Máxime que adversamente a lo que sostuvo la Sala, las facturas no son aptas para demostrar que la transacción que amparan se realizó, toda vez que la autoridad fiscalizadora advirtió irregularidades por las que las consideró apócrifas y que fueron: a) La contribuyente no proporcionó información y documentación que acreditara la existencia material de la operación. b) No aportó los elementos de prueba que demostraran la entrega real de los ********** litros de ******************************. c) Irregularidades entre las fechas de adquisición de las mercancías y sus ventas.

Ciertamente, las facturas al ser un documento privado, sólo hacen prueba plena cuando no son objetadas, por lo que al haberlas desestimado la demandada, no sólo porque no cumplían los requisitos contenidos en la fracción V del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, sino porque del análisis de diversa documentación aportada por la visitada advirtió diversas irregularidades, la parte actora necesariamente tenía que aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar cada uno de los hechos que se contraponían a la mencionada transacción. Por ello, fue incorrecto lo aseverado por la Sala responsable en cuanto a que las facturas de mérito acreditaban la existencia de las operaciones que amparan. Además, como acertadamente lo dice la recurrente, con la información adquirida mediante los controles de inventarios a que se encontraba obligada la contribuyente de conformidad con el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se podía tener la certeza de que las facturas amparaban operaciones comerciales reales, por lo que, en su caso, debió acreditar que cumplía con esta obligación. En las relatadas consideraciones, se impone revocar la sentencia recurrida…”

De la lectura a la Ejecutoria podemos advertir que el juzgador se aparta del ámbito económico, de la forma en que se celebran las operaciones, y del impacto fiscal en el país, por lo que es destacable lo siguiente:

  • No se hace mención al cuerpo de la factura, es decir, se pasa por alto que allí se dice el concepto materia de la operación.
  • Se pasa por alto que la legislación impone requisitos formales como lo son tener la factura, los datos del cliente y del proveedor, con lo cual deben ser valorados en su conjunto mas no de una forma unilateral.
  • Asimismo, debe apoyarse en contratos para soportar las operaciones.
  • El criterio descansa en una mera presunción que no existe en la ley, es decir, si bien es cierto que se presumen legales las actuaciones de las autoridades, en la especie hay un abuso que deja en indefensión al contribuyente.

Pues bien, con estos criterios de los tribunales dan lugar a una gran incertidumbre de los contribuyentes que en cualquier momento pueden sufrir este tipo de violaciones y rechazos de deducciones, maxime que se emitió el siguiente criterio:

Época: Décima Época
Registro: 159968
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO
TipoTesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.3o.A.358 A (9a.)
Pag. 1745

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1745

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN SU EJERCICIO LAS AUTORIDADES FISCALES ADVIERTAN QUE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES AMPARAN OPERACIONES QUE NO SE REALIZARON, PUEDEN DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE ESOS ACTOS JURÍDICOS, EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS FISCALES. Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para verificar que los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a través de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo de la información proporcionada por estas personas. Así, el ejercicio de tales facultades implica averiguar si los actos jurídicos que se justifican con los documentos que los contribuyentes presenten durante las revisiones se llevaron a cabo en la realidad o no, pues sólo de esa forma se tendrá certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen. Consecuentemente, cuando las autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los causantes amparan

operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de esos actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la anulación para efectos generales de dichos actos, sino únicamente la negación de su valor en el ámbito tributario; es decir, aquéllas podrán restar eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratos y demás documentos relacionados, únicamente para la determinación, devolución o acreditamiento de las contribuciones.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

CONCLUSIONES

Por lo anterior, podemos insistir en que siempre durante una revisión es importante la participación del abogado fiscalista para evitar en la medida de lo posible que se apliquen criterios como este, toda vez que no solamente la autoridad realiza las compulsas con los proveedores, las compulsas con los impresores, y la revisión de bancos para ver si se realizaron las operaciones sino que además se pide documentación adicional para soportar las operaciones so pena de rechazar deducciones por compra de materiales, mercancías y no se diga de servicios contratados, dejando al contribuyente en franca incertidumbre que deberá ventilarse en los tribunales.

 

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