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SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ART. 17 DE LA LEY ANTI LAVADO

Publicado el 07 Nov a las 01:30h 

A través del Amparo en Revisión 395/2014, la segunda sala de la SCJN, dictan sentencia que declara inconstitucional por inequidad al artículo 17, literal B, inciso b) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al establecer un tratamiento discriminatorio entre los notarios publicos y corredores publicos.

De acuerdo con la referida disposición, si es el notario público el que participe en operaciones  consistentes en la constitución de personas morales mercantiles, su  modificación patrimonial derivada del aumento o disminución del  capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones  y partes sociales de las propias personas morales, sólo estará obligado a dar  el aviso correspondiente si el monto de la operación es igual o  superior a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Por el contrario, si es el corredor público el que participe en  operaciones consistentes en la constitución de personas morales  mercantiles, su modificación patrimonial derivada del aumento o  disminución del capital social, fusión o escisión, así como la  compraventa de acciones y partes sociales de las propias personas  morales, estará obligado a dar el aviso correspondiente independientemente  del monto de la operación, esto es, en todos los casos.

Lo anterior implica un trato distinto a los notarios y corredores públicos en el ejercicio de  una misma función o actividad considerada vulnerable. Ahora bien, la  medida, si bien persigue un fin constitucionalmente válido -en relación  con la protección del sistema financiero y la economía nacional-,  restringe indebidamente el derecho de los corredores públicos,  restricción que no resulta proporcional en sentido estricto, porque no  hay motivo alguno por el cual notarios públicos sólo estén obligados a  dar el aviso correspondiente cuando las operaciones en las que  intervinieron –constitución de personas morales mercantiles- sean por  un monto igual o superior a ocho mil veinticinco veces el salario  mínimo vigente en el Distrito Federal y los corredores públicos,  respecto a la misma actividad –constitución de personas morales  mercantiles- estén obligados a dar aviso en todos los casos sin  importar el monto de la operación.

Por lo anterior, se concluye que la diferencia entre corredores públicos y notarios públicos no es adecuada para el logro del fin legítimo buscado por la LFPIORPI, resultando la medida legislativa en desproporcional, es decir,  no guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar la Ley.

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